Capitulo VII
Guerra de Ideas Políticas
CAPITULO VII
GUERRA DE IDEAS POLITICAS
Gérmenes de discordia en San Luis
Doloroso es decirlo, pero con la Revolución de Mayo se abren en San
Luis, como en Buenos Aires, los opuestos cauces de las banderías.
Detrás de esas "rencillas que matizan la vida pueblerina" o de las
"miserables intrigas de aldea"
hay algo más amargo, más profundo y también más doloroso: la lucha de
partidos, que enfrenta a los vecinos y retarda el progreso de la
jurisdicción entera. Y no son sólo problemas de San Luis: desde Buenos
Aires también se mueven hilos, manejados por intereses diversos y no
siempre confesados. Por eso no podemos conformarnos con el fácil
esquema de quienes todo lo achacan a la oscuridad provinciana o miran
por sobre el hombro lo que su vanidad no les permite comprender.
No todo fue tan simple en tierras de San Luis. Bien lo certifica el Cabildo cuando, el 29 de julio de 1810, dice a la Junta:
"Antes de recibir este Cabildo el oficio de V.E. que le dirige con
fecha 19 del presente, ya había tomado las providencias conducentes al
mejor arreglo de este pueblo, publicando el correspondiente bando en
orden a contener la maledicencia de algunos díscolos de quien tuvo
noticia se proferían con dicterios en cuanto a las disposiciones de
V.E., sin dudar que si después de esta reconvención no guardaban a
ellas el sagrado de sus respetos, los escarmentaría. Nuestro celo en
esta parte será siempre infatigable y si en lo sucesivo se interrumpe
por
alguno el silencio y decoro que hasta aquí conserva el pueblo hacia la
persona de V.E., no debe dudar por un momento seremos los ejecutores
más fieles
y activos de cuanto nos ordena en esta parte."
La lucha por el poder aparece en San Luis a poco de conocerse los
sucesos de la Capital. Sus rastros se encuentran en las distintas fases
del cambio de comandante de armas, al ser retirado del empleo don José
Ximénez Inguanzo, en razón de tenerlo por sospechoso y a pesar de sus
expresiones de acatamiento y obediencia. De cómo empezaron las cosas lo
anoticia la nota del Cabildo a la Junta, datada en San Luis el 17 de
julio y en la que se lee:
". ..y como don Francisco Vicente Lucero, a quién V .E. ordena se
recibiese de dicho empleo, sin embargo de ser hombre bueno, no tiene la
más mínima práctica en el mando de armas ni menos ha servido en tiempo
alguno la milicia, nos pareció acertado consultarlo con dicho Lucero,
haciéndole presente que acaso V.E. le habría despachado aquel título
por equivocación, y que poniéndole en posesión de él resultarían
quejosos y desavenidos los capitanes y demás oficiales del cuerpo que
hasta aquí nos eran adictos y a quienes por escala nos
parece les corresponde. En esta virtud, hecho cargo de la razón el
citado Lucero, cedió gustosamente su facultad conferida en este
Ayuntamiento, firmando
este acuerdo con los capitulares, para que la depositase en el capitán
más benemérito, inter se daba cuenta a V.E. para su deliberación.
Se ha librado orden a la jurisdicción de esta Ciudad para que baje a
ella el capitán del Regimiento de Voluntarios don Juan Basilio Garro a
recibirse de dicho empleo, hasta la determinación de V.E.; a éste nos
parece corresponderle la Comandancia del Regimiento por su antigüedad,
y la de Arnlas al ayudante mayor veterano don Matías Sancho, según se
nos dio a entender estar así dispuesto por real orden desde el tiempo
del mando del excelentísimo señor virrey marqués de Sobremonte".
Es imposible dejar de advertir el tino y la prudencia del Cabildo
presidido por Poblet, así como no puede dejar de llamar la atención el
hecho de que, casi al mismo tiempo --el 19 de julio-- la Junta designa
Comandante de armas al capitán Juan Basilio Garro y ordena a Francisco
Vicente Lucero hacer entrega de dicho empleo.
Enfermo de viruela, Garro murió el 14 de noviembre.
Pero antes de morir, reconvenido por un religioso dominico, encargó la Comandancia al ayudante Matías Sancho.
El gobernador intendente de Córdoba don Juan Martín de Pueyrredón,
enterado de este suceso, dirigió un oficio al Cabildo pidiéndole que
propusiese dos oficiales para elegir reemplazante, aunque por nota
reservada no dejaba de
advertir que los candidatos debían ser patricios.
Como Pueyrredón le había facultado a depositar el mando en persona de
su confianza, el Cabildo designó al capitán Francisco de Paula Lucero.
Esto ocurría el 14 de diciembre, cuando ya Poblet había partido hacia
Buenos Aires, es decir, cuando ciertos intereses y ambiciones podían
aflorar libremente. Así se desprende de la nota que el 19 de ese mes el
Ayuntamiento
dirigió al gobernador intendente y en la que proponía para ejercer la
Comandancia: "en primer lugar, al mismo don Francisco de Paula, que es
el capitán más antiguo; a éste le sigue el capitán de Voluntarios don
José Narciso Domínguez, pero éste se halla actualmente electo y
confirmado de regidor alférez real para el año entrante de 1811; y para
evitar en esta parte algún
tropiezo, si lo es, proponemos al capitán de milicias urbanas don José
Lucas Ortiz, sujeto igualmente de distinguidos méritos y servicios,
tanto en la
milicia, que la ha servido muchos años como de alcalde ordinario de
esta ciudad, con aceptación del pueblo, por su actividad y celo,
integridad y conducta".
Sin embargo, Sancho hizo presente que la Junta el 7 de diciembre le
había extendido despachos de Comandante de armas, por lo que volvía a
ejercer el mando. Mas el Cabildo, escudado en la facultad que le
confiriera Pueyrredón, apeló "hasta el próximo correo", mientras hacía
llegar sus quejas a Buenos Aires. A requerimiento de la Junta, el 8 de
enero de 1811 don Marcelino Poblet expresaba su opinión en este
informe, que después sus adversarios esgrimieron como prueba de los
supuestos desvíos del representante:
"El diputado de la ciudad de San luis con vista de la representación
del ilustre Cabildo de ella contra el ayudante mayor y Comandante de
armas don Matías Sancho, que se le ha pasado a efecto de exigir su
informe dice, le tiene a dicho Sancho en el concepto de honrado y el
más apto en aquel pueblo para el desempeño de este ministerio y que
igualmente le consta, por conocimientos prácticos,
que ninguno de los otros nombrados por dicho Cabildo tienen actividad
ni pericia para desempeñar cualesquier función del servicio militar.
Que por este medio se evita al mismo tiempo al erario el dispendio del
aumento de sueldo de otro individuo inepto y atendiendo a que el
referido Sancho en el largo tiempo que ha estado destinado en aquel
pueblo ha observado los mejores oficios de urbanidad
y política con los principales vecinos de él, podrá V.E. siendo servido
no removerle de dicho empleo sin que sea oído, y convencido de los
defectos que
por queja de algunos mal afectos o imprudentes han puesto en movimiento
el reclamo de dicho ilustre Cabildo."
La contribución militar
Otra de las vertientes de discordias la constituyó la formación de
contingentes destinados a empuñar las armas fuera del terruño. La
Junta, con fecha 9 de julio de 1810 había impartido terminantes
instrucciones al Cabildo puntano:
"Los derechos del Rey y de la patria exigen imperiosamente que se
aumente la fuerza armada de esta Capital, con arreglo a los importantes
objetos que ocupan la atención del Gobierno y a la extensión necesaria
para la seguridad del territorio. A este efecto ha ordenado esta Junta
que en la jurisdicción de su mando se publique una leva rigurosa,
excitando a los buenos patriotas que voluntariamente quieran contraerse
al servicio de las armas y empeñando al mismo tiempo usía todo su celo
y las facultades de su empleo, a fin de aprehender todos los vagos y
hombres sin ocupación de conocida utilidad a la sociedad, remitiéndolos
a disposición de esta Junta con la seguridad y prontitud que exige la
sagrada causa a que se destinan."
También el comandante Garro se le recomendó "congregar el mayor número
de reclutas posible, remitiéndolos a esta Capital a la mayor brevedad,
pues el interés general del Estado exige la formación de una fuerza
respetable en
esta ciudad".
El 7 de agosto se presentó en San Luis don Blas de Videla, comisionado
por la Junta para reunir voluntarios y poco después tanto el Cabildo
como el comandante de armas recibieron orden de alistar un contingente
de cincuenta hombres, el que debía marchar a la ciudad de Córdoba para
incorporarse a las fuerzas auxiliadoras. En estas instrucciones se han
basado algunos cronistas para afirmar que efectivos puntanos
intervinieron en la batalla de Suipacha, afirmación equivocada, como
más adelante se verá.
La Gaceta incluyó en su páginas una interesante "Lista de los
individuos vecinos de esta ciudad de San Luis, de las cantidades y
especies que han ofertado por donativo para costear la compañía de
cincuenta hombres para marchar a Salta", en la que, junto al vicario
José Justo Albarracín y los alcaldes Poblet y Palma, figuran también
los comerciantes de la Punta, sin que falte el nombre de una
mujer -doña Micaela Pardo, que obló 10 pesos- ni el exponente de una
antigua y noble artesanía: el platero José Salinas.
Mas, así como este documento convida a la exultación, deprime el relato
hecho por el comandante Garro el 15 de octubre para explicar a la Junta
las circunstancias que no le permitieron remitir a Córdoba el
mencionado contingente. Apoyándose en una certificación extendida por
el mismo Cabildo, dice Garro que el 22 de setiembre se desató un
temporal de agua y granizo, que duró cuatro días; a esto siguió una
nevada que se prolongó durante una semana,
matando muchos animales de los reunidos para encabalgar los
voluntarios. Ello de diciembre, el comandante de armas interino don
Matían Sancho dirigió un oficio a la Junta, proponiéndole remitir los
cincuenta hombres a Buenos Aires, "en razón de que ya no hacen falta en
el Perú", propuesta que fue aecptada por el Gobierno, según el mismo
Sancho lo comunicaba al Cabildo el 14 de enero de 1811. Mientras tanto,
don BIas de Videla no cejaba en su empeño de reunir reclutas, para lo
cual contaba con mil pesos remitidos desde Córdoba y reclamaba otros
tantos que Saavedra enviara la comandante de armas, quien los retenía
con el propósito de auxiliar a don Buenaventura Martínez, también
comisionado para conducir más soldados a la Capital.
Agravada la discordia entre Sancho y los capitulares, Martínez se puso
en marcha el 31 de diciembre al frente de sesenta y seis soldados,
"arrogantes muchachos, fuertes y capaces de tomar el fusil". A pesar de
la ayuda que le prestara el Cabildo, Videla no pudo partir hasta el 19
de enero de 1811, llevando doscientos cincuenta y dos hombres, de los
cuales entregó doscientos veinticinco en Buenos Aires el 2 de marzo. La
deserción era inevitable y también la padeció Martínez, quién sólo pudo
entregar sesenta hombres.
Luchas por el poder
Antes de que Poblet se trasladara a Buenos Aires, para cumplir con su
cometido de representante de la jurisdicción puntana, en San Luis se
procedió a elegir los capitulares para 1811. De acuerdo con esa
elección, efectuada el 23 de octubre de 1810, el Cabildo debía ser
integrado por las siguientes personas: Ramón Esteban Ramos, alcalde de
primer voto; capitán Fernando Lucero, alcalde de segundo voto; Tomás
Luis Osorio, alguacil mayor; José Narciso Domínguez, alférez real;
Lorenzo Leániz, regidor llano; Juan Sosa, defensor de menores; Manuel
Herrera, defensor de pobres y Francisco Vicente Lucero, procurador.
Al día siguiente, 24 de octubre, llegó a esta ciudad don Martín José de
Goicochea, vecino de las Conchas, a quien la Junta internó "por justas
y graves consideraciones". Nuevos elementos de intranquilidad se
sumaron poco después con el confinamiento de don Juan Cid de Puga y del
subteniente Juan Díaz, cuyo vigilancia fue causa de permanente malestar
entre el Cabildo y el comandante de
armas, reconvenidos una y otra vez por la Junta para que depusieran sus
enconos. Desde Buenos Aires, con fecha 16 de febrero de 1811, se
hicieron al Ayuntamiento estas advertencias:
"Que en lo sucesivo guarde aquella dignidad que es tan propia de su
representación, sin mezclarse en asuntos que la desluzcan; que
reconozca por tal
Comandante de armas a don Matías Sancho, franqueándole los auxilios
conducentes para las reclutas que deberán hacerse con arreglo a lo que
se previene en las instrucciones impresas que por separado se le
dirigen a usía, y que últimamente,
como conveniente a la pública tranquilidad de ese pueblo, mande usía
que el Licenciado don Santiago Funes salga inmediatamente para la Punta
del Agua,
como a lugar donde deberá residir sin permitírsele volver a la ciudad,
como perjudicial a ella, según lo ha manifestado en tiempo anterior y
le consta
a esta Junta."
Por esos mismos días se dispuso la formación de la Junta subalterna,
dependiente de la Junta provincial residente en Córdoba, con
atribuciones tales como "recaudar las rentas fiscales, organizar las
milicias, procurarse recursos en dinero, ganado y especies para su
sostenimiento, mantener el entusiasmo en favor de la nueva causa y
acudir en auxilio del orden interno y de la defensa general
del nuevo régimen". Dicha Junta debía ser presidida por el comandante
de armas, a quien secundarían dos vocales elegidos por el vecindario.
El Cabildo puntano, persistiendo en sus propósitos de trabar la acción
de Sancho, logró que
a la Junta subalterna se incorporasen dos de sus hombres de confianza,
promotores también de las maquinaciones contra el diputado Poblet:
fueron ellos los capitanes José Lucas Ortiz y Tomás Baras, ligados por
intereses políticos y
comerciales al alcalde Ramón Esteban Ramos. Sin embargo, la Junta
Gubernativa de Buenos Aires, con fecha 17 de junio, se dirigió al
Cabildo en los siguientes términos:
"Resultando del parte dado sobre la elección y posesión de vocales de
esa Junta Subalterna, el vicio de nulidad con que se ha procedido en
ella, pues
en el acto concurrieron a la votación los capitulares de ese Cabildo
contra el tenor expreso del artículo 21 del Reglamento de 1 de febrero
anterior, ha
determinado esta Superioridad que se practique nueva elección con
arreglo y sujeción al referido artículo; y para que guarde en su
ejecución el orden,
legalidad y pureza que corresponde, sin alterar la quietud pública que
tanto interesa al bien del Estado, que presida el acto de votación el
Comandante
de armas de esa ciudad, don Matías Sancho (después que se haga por
cuarteles nuevo nombramiento de electores) a quién se le comunica esta
providencia y la resolución de que el alcalde don Ramón Esteban Ramos
salga de la ciudad a distancia de 20 leguas, al lugar llamado del
Gigante, inmediato a las Lagunas rindiendo antes cuenta de los propios
de ciudad, a cuyo fin se le señala el término de tres días, hasta nueva
orden; cuya determinación se le participa a usía para que,
contribuyendo a este interesante objeto por su parte con el celo que le
caracteriza, obre aquellos efectos que desea esta Junta en obsequio del
bien de ese vecindario."
Aunque con el paseo del real estandarte los días 24 y 25 de mayo se
pretendió patentizar al público el patriotismo de las autoridades, la
ciudad de San Luis seguía siendo un hervidero de pasiones. Uno sobre
otro rodaban los nubarrones de la tormenta: Sancho consideró un
atropellamiento del fuero militar el arresto que el alguacil mayor
Tomás Luis Osorio impuso al cadete Ramón Rey y Ramos; la Junta insistió
en el pago de las dietas reclamadas por Poblet y permitió al licenciado
Funes trasladarse a Buenos Aires, para vindicarse; dispuso luego la
superioridad que se devolviese a carreteros y arrieros de San Juan y
Mendoza
el impuesto que se les había exigido para sostén del diputado puntano;
y, ahondando la intranquilidad, la Junta ordenó a San Luis la remisión
urgente "de los cuatrocientos hombres que había ofertado".
El 31 de julio de 1811, el Superior Gobierno comunicó al Cabildo haber
acordado "se suspenda por ahora la elección de los vocales que deben
componer la Junta de esa ciudad, hasta la resolución de las ocurrencias
que han dividido los ánimos de ese vecindario". Y algunos días después
la Junta de Córdoba advertía que "los ocursos que ese vecindario
dividido tiene hechos a S.E. debieron haberse dirigido por medio de
este Gobierno, con quien primeramente debieron entenderse, según el
orden prevenido por las leyes y dependencia de esa ciudad a esta
capital".
La creación del Poder Ejecutivo, acordada por los diputados de las
provincias para reconcentrar la autoridad, dio a San Luis nuevas
palabras para meditar pero no amenguó sus desdichas:
"Los pueblos deben ser libres por todo derecho; y a una causa tan justa
no pueden faltar arbitrios para sostenerse. Sólo las pasiones pueden
destruir
nuestra obra, ellas han hecho decrecer nuestras glorias, y el Gobierno
no exige otra cosa de los pueblos que una justa obediencia a sus
determinaciones y
un eterno olvido de las divisiones y partidos que tantos males nos
causaron."
Así escriben Chiclana, Sarratea y Paso; pero, al mismo tiempo, reclaman
soldados y más soldados, sin dejar de prevenir "que no se incomoden los
vecinos pacíficos y las gentes laboriosas, sino solamente las que sin
oficio ni beneficio deban ser una pesada carga a los pueblos que
estragan con sus vicios". Para vigilar esa contribución de sangre, la
Superioridad dispuso la confección de un censo o padrón, "con inclusión
de los habitantes de las campañas y distinción de estados, edades,
sexos, profesiones y clases", el que debía remitirse "a la mayor
brevedad posible y con la puntualidad que exige el interés de la
Patria".
Sancho solicitó al Cabildo que el 20 de noviembre se reuniese en San
José del Morro la gente que debía marchar a Buenos Aires, advirtiendo
que "en la actualidad sólo pueden caminar doscientos hombres, poco más
o menos, por no haber cabalgaduras para más, reservando la remisión de
los otros doscientos hasta que el tiempo lo permita".
El 10 de noviembre se juró y reconoció el nuevo gobierno y un mes
después se publicó el bando que mandaba jurar el estatuto provisional,
remitido a San Luis con un oficio en el que el Poder Ejecutivo -o
Triunvirato, según es costumbre denominarlo-- expresaba con verbo
rivadaviano:
"Los dos puntos que deben en todo tiempo y estado empeñar el celo de
los pueblos por su libertad son: el que el depósito de la autoridad no
llegue jamás a ser caudal propio de ningún ciudadano; y que el goce de
los tres primeros derechos del hombre -propiedad, seguridad y libertad-
esté bajo reglas ciertas, afianzado respecto de todo individuo. Estos
son cabalmente los dos bienes fecundos
que tiene la satisfacción este Gobierno de ofrecer a todos los pueblos
de su mando en el Estatuto impreso que acompaña a usía. Él da a todo
individuo
lo que puede desear respecto de su persona, y a todos los pueblos lo
que pueden exigir de aquellos en quienes ha depositado su confianza."
Los capitulares, fortalecidos en sus planes políticos contra Poblet,
agitaron su remoción, para lo cual el mismo Ramos -como apoderado del
pueblo-- fue comisionado a Buenos Aires, en tanto que a los amigos del
diputado se les impedía abandonar la ciudad de San Luis con la excusa
de "solemnizar la jura del Estatuto provisional, lo que se efectuará a
la brevedad posible". La ceremonia se cumplió el 26 de diciembre,
cuando ya se tenía conocimiento de lo acontecido en la Capital el día
7, "en la atrevida empresa de restablecer a los diputados de las
provincias en el Gobierno", intento que motivó la orden impartida a
Poblet el día 16 para que se retirase a su provincia, "disponiendo su
salida dentro de veinte y cuatro horas". En ese mismo oficio se decía
al representante puntano:
"Usted conoce la exigencia de las medidas que conducen a la
conservación de la pública tranquilidad, no extrañará este
procedimiento de que no puede desentenderse el Gobierno sin faltar a la
más sagrada de sus obligaciones, y sacrificando algún pequeño
resentimiento particular a los intereses de
la Patria, sabrá interponer el influjo de su opinión para persuadir a
los pueblos de la necesidad de esta providencia, de las miras benéficas
del Gobierno
y de la importancia de estrechar los vínculos de la más perfecta unión
para llevar a cabo esta obra grande de nuestra independencia civil."
Concluía el año 11. La tierra toda estaba conmovida, más allá de las
"rencillas aldeanas" del porteño Sancho, del cordobés Ramos o del muy
puntano Poblet.
En busca de los saludables efectos El amor al terruño ha hecho escribir muchas inexactitudes. Tal, este
cincelado medallón que debemos a nuestro cronista máximo: "San Luis, la
primera en el sacrificio y que revelaba tener hombres capaces,
resueltos y abnegados,
en favor de nuestra causa, llamó la atención del gobierno central,
creándose, como un premio, para su jurisdicción el cargo de teniente
gobernador, que pasó a ocupar D. José Lucas Ortiz, ciudadano probo y
excelente patriota".
Conviene, pues, transcribir el oficio que el Poder Ejecutivo dirigió al
Cabildo puntano con fecha 7 de febrero de 1812 y en el que la verdad
aparece muy otra:
"Sumergidos los pueblos de nuestra comprensión en la lucha a que los
han provocado por fatalidad sus mismas pasiones, no sólo se mira
combatido destructivamente el espíritu que los había guiado
ventajosamente con tantos sacrificios, sino lo que es más sensible,
bien que de esperar, detenidos con enorme retroceso los pasos
adelantados que daban hacia su libertad. Rotos los vínculos de la
armonía social, paralizadas las más justas medidas
de la defensa de la Patria, entorpecidos los canales de la abundancia,
desfallecidos los más ardientes deseos de muchos buenos y virtuosos
ciudadanos,
todo presentó a este Gobierno en el instante de su inauguración aquel
verdadero prospecto de aflicción que amenaza y da origen a las grandes
desgracias que han sufrido aun estados más poderosos; pero en medio de
tantas calamidades a que también contribuía la falta de fondos
públicos, ya ve usía los efectos de nuestros recientes desvelos y
contracción: una reforma general en todos los cuerpos militares y
civiles con otras medidas, ha proporcionado nuevos auxilios y el premio
al mérito y a la virtud; cree, pues, con una fundada esperanza, que
ellas también produzcan los saludables efectos que sólo pueden
compensar las desventuras pasadas. Faltaría esta capital a la más
sagrada de sus obligaciones si no extendiese sus miras de beneficencia
hacia las provincias unidas, y como es correspondiente no removiese los
embarazos que las han expuesto a desaparecer en el catálogo de los
pueblos libres.
El estado violento a que han llegado en esa ciudad los odios y
desavenencias que han mortificado tanto a este Gobierno, exige por
ahora una medida que a un tiempo conduzca a su bien y guarde
consonancia con la forma de gobierno establecida en la capital; y no de
otro modo puede conciliarse que nombrando un jefe que puesto a la
cabeza de ese gobierno, cesando en sus funciones la Junta que lo
constituía, no sólo consulte aquel importante objeto, sino la
tranquilidad general; cuyo grave cargo por las cualidades que reúne, y
en clase de Teniente Gobernador, se le ha confiado a don José Lucas
Ortiz para que en el momento que se le presente a usía con
manifestación de su título, le dé la correspondiente posesión, Espera
esta Superioridad que usía, esforzando su celo e influjo, contribuirá a
que tengan efecto las justas miras que se propone en esta determinación
que debe penetrar inspirado de su amor por el bien de la santa causa
que defendemos; mientras que consagrada a los vastos objetos que
privilegiadamente llaman su atención, presenta a esos pueblos con
favorables resultados el día glorioso en que la posesión práctica de
sus derechos han de fijar su representación y felicidad."
Integraban entonces el Cabildo el licenciado Santiago Funes, Dionisio
Peñaloza, Maximino Gatica. José Justo Gatica, José Mariano Bustos, Juan
Esteban de Quiroga, Manuel Moreno Bustos y Alejandro de Quiroga,
partidarios del flamante teniente gobernador, como lo evidencia su
respuesta del 26 de febrero:
"Ha visto este Cabildo el de V.E. de 7 del corriente lleno de
satisfacción por haber, con el nombramiento del nuevo jefe puesto fin a
los resentimientos en que se hallaba envuelto este pueblo, y arrancado
de raíz los males que tanto lo agobiaban. Por sí y a nombre de este
vecindario, se dan a V.E. las más expresivas gracias.
Puede V.E., con segura confianza, descansar en la satisfacción que esta
provincia toda (a excepción de 18 ó 20 rivales de nuestro sistema) así
como fue la primera después de la Capital, en declararse, con alegría,
a favor de la felicidad de la América; la primera en reclamar su parte
y sagra
do derecho, usurpado despóticamente por un diputado ingrato a su
patria, también será la primera en prestarse con liberalidad, no sólo a
las sabias determinaciones de V.E., sino, igualmente, a la defensa (en
caso preciso) en esta capital hasta rendir la vida." De esta respuesta,
acaso lo más digno de destacar sea el hecho de que los mismos
capitulares insinúen que :
San Luis fue la primera en reconocer a la Junta. Este documento y otras
constancias detenidamente analizadas permitieron al doctor Juan Saá
afirmar: "Cabe a San Luis la gloria de ser la primer provincia
argentina que
se adhirió a la Revolución". Y no está de más recordar que, para
responder al oficio nacido como consecuencia del acuerdo del 12 de
junio de 1810, Saavedra y Moreno dispusieron "Conteste el recibo
dándose las gracias por la prontitud en el reconocimiento".
Ortiz se hizo cargo de su puesto el 19 de marzo de 1812 y ese mismo
día., "por exigirlo así las presentes circunstancias", se dispuso que
en el término perentorio de veinticuatro horas Poblet saliese para su
estancia del Tala, donde
debía permanecer hasta segunda orden, "absteniéndose en lo sucesivo de
oficiar a ningún magistrado, a no ser que goce de alguna representación
pública". El 2 de abril, reunido en cabildo abierto, "pidió el pueblo
que el referido Poblet
se mantenga retraído en su casa hasta que por el señor' Teniente
Gobernador e ilustre Cabildo se le substancie el correspondiente
sumario, que deberán gestionarlo el referido síndico procurador
(Alejandro de Quiroga) y el apoderado
don Ramón Esteban Ramos hasta su conclusión y definitiva con dictamen
de letrado". Pocos días después, Quiroga decía en elogio de Ramos:
"Por él los ciudadanos laboriosos y de obligaciones estamos seguros de
no caminar a la Capital en clase de vagos o reclutas; a él debemos el
amable gobierno que nos rige, con la confianza que por los
conocimientos prácticos que tiene de los procedimientos de cada uno,
sabrá distribuir la justicia. Últimamente, por su constante exigencia
nos vemos libres de un diputado, que desconociendo y olvidando los
sagrados deberes de su comisión, sólo trataba de satisfacer sus
parcialidades y pasiones."
Caído también Sancho, el único que siguió enfrentando al Cabildo fue el
cura de la ciudad, licenciado José Justo de Albarracín, quien recordó a
los capitulares sus deberes de ediles y sus obligaciones para con el
Rey de la Gloria
y el Señor de los Señores:
¿ y es posible que en un pueblo culto se vean yerbasales, basurales e
inmundicias por donde ha de pasar el Cuerpo adorable de N .S.J .C.? ¿
Tanto cuidado y esmero que observo para lo temporal, tanto aseo en
entapizar y adornar las estancias para lo profano, y un descuido e
indiferencia tan criminal
en disponer y allanar con la limpieza posible las cuadras de la plaza
por donde ha de pasar el Dios de las Virtudes? ¡ Oh Dios inmortal! ¿
Quam Rempublicam Habemus ?"
El 15 de febrero de 1812 asumió sus tareas de gobernador intendente de
Córdoba el teniente coronel don Santiago Carrera y de inmediato
comenzaron a llegar a San Luis sus indicaciones y advertencias.
Encargaba así "velar incesante y enérgicamente" sobre el puntual
cumplimiento de la orden impartida a los sacerdotes para que
"indefectiblemente todos los sermones de cuaresma y del año,
doctrinales y panegíricos"', se concluyan con una breve exhortación
instructiva al pueblo sobre los sagrados derechos del hombre "y sobre
la unión, fervoroso servicio y amor a la Patria". O daba traslado del
acuerdo del 18 de febrero por
el que resolvió el Gobierno "que desde esta fecha en adelante se haya y
reconozca y use por las tropas de la Patria la escarapela que se
declara nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y deberá
componerse de los dos colores blanco y azul celeste, quedando abolida
la roja con que antiguamente se distinguían".
No siempre procedió Carrera con la misma actividad.
Lo prueba la denuncia hecha por don Juan Manuel Panelo contra el
español europeo don Pedro Miguel Bringas quien, a pesar de haber sido
expulsado de San Luis "por los orgullos, cizañas y demás enredos que
había causado en este pueblo" a principios de 1812 se hallaba en esta
ciudad "siguiendo la misma carrera porque fue despatriado y abusando
con notable vilipendio de la orden ya referida para no introducirse en
éste, sostenido por el patrocinio de su hermano político el Licenciado
don Santiago Funes, actual alcalde de primer voto, asesorando uno y
otro juzgado y conciliándose con él las órdenes superiores de V..E.,
siendo este individuo uno de los contrarios al sistema de ese Superior
Gobierno y asimismo partidario de los opuestos cuando Córdoba propuso
armas contra las disposiciones de la instalación de la Junta".
Desde Buenos Aires se remitió la denuncia al gobernador intendente para
que, "siendo cierta la acusación, tome las más ejecutivas providencias
que consulten la tranquilidad y el orden". Pero hasta el 14 de julio de
1813 no fue enviada a San Luis, sin más diligencia que una breve nota
puesta por el nuevo gobernador intendente, coronel Francisco Javier de
Viana, en la cual decía "que el motivo del escandaloso atraso de este
negocio, ha consistido en haberse encontrado el día de ayer detenido
este expediente entre los papeles de Secretaría",
El 4 de agosto de 1812 se dio cima al padrón mandado, confeccionar el
17 de diciembre del año anterior. Es un documento valiosísimo para
apreciar muchos aspectos de la vida puntana, olvidados o desconocidos
hasta por escritores propensos a generalizaciones divorciadas de la
realidad. Sin tomar en consideración las rectificaciones numéricas
realizadas por Torre Revello -de poco bulto y menos importantes que
otros errores que tan laborioso maestro no destaco-- diremos que la
poblacIon total de San Luis y la campaña alcanzaba a 16.878 habitantes,
de los cuales 7.813 eran varones y 9.065 mujeres.
El total general se hallaba formado por las siguientes clases:
españoles americanos, 10.890; españoles europeos, 25; indios, 4.491;
negros, 1.472.
Tenía la ciudad de San Luis 1.105 habitantes; las cifras de los
principales partidos eran las que a continuación se indican: Saladillo,
1.211; Quines, 991; Renca, 907; los Corrales, 895; la Estanzuela, 860;
Ojo del Río, 835; Rincón
del Carmen, 824. El lugar con menos población era el paraje del
Desaguadero, donde sólo se registran 37 habitantes.
También en agosto de 1812 el Superior Gobierno comisionó a uno de sus
miembros, don Nicolás Rodríguez Peña, para desbaratar en Cuyo una
temida conjuración de
negros y poner fin a la división de estos pueblos. Hallándose en San
Luis, el comisionado y gobernador en jefe dispuso con fecha 28 de
agosto:
"No siendo compatible, por ahora, con la tranquilidad y armonía entre
los ciudadanos de este pueblo, la permanencia en él de don José
Gregorio Ximénez y de don Ramón Rey y Ramos, y consultando al mismo
tiempo su propio sosiego, el señor teniente gobernador de esta ciudad
hará que en el término de ocho días contados desde esta fecha, pasen el
primero a la Carolina y el segundo a Renea, en cargando a los jueces de
ambos partidos estén a la mira de su conducta. Lo mismo practicará con
don Juan Escalante, luego que se presente en esta Ciudad, haciendo se
dirija a la de Mendoza, donde se me deberá presentar."
Todo prueba que no era tarea fácil aquietar pasiones e intereses y que
en la jurisdicción puntana se vivía en un constante alerta, tanto por
parte de quienes trataban de complacer a las autoridades, como de
aquellos a quienes no
amilanaba el mote de díscolos con que tan ligeramente se los señalaba.
Los riesgos se multiplicaban con la llegada de nuevos confinados, cuyas
ideas y sentimientos se diseminaban por la ciudad y la campaña, donde
más de una vez
también fueron útiles por su laboriosidad, su industria o sus
conocimientos. Y, en verdad, no todos conspiraban: frente a un José
Losada o un Antonio Vázquez de Novoa se levanta un Narciso Marull, un
José de Saá o un Juan Martín de Pueyrredón, dignos de un gajo de olivo
por lo que generosamente enseñaron o fervorosamente anhelaron. Pero la
intranquilidad del pueblo ensombrecía a los capitulares y desasosegaba
al teniente gobernador. Por eso en octubre de 1813 no sólo se ordenó
saliesen para la campaña "los europeos confinados que sean
sospechosos", sino que se
dispuso también que "las correspondencias de los indicados europeos
giren abiertas, de modo que se pueda prevenir cualesquiera malo
conspiración contra el presente liberal sistema".
¿ y quiénes encarnaban en San Luis ese "presente liberal sistema?
Además del apremiado teniente gobernador don José Lucas Ortiz, es
preciso recordar a los miembros del Cabildo de 1813: Ramón Esteban
Ramos, Manuel Herrera, Luis de Videla, Agustín Palma, José Manuel
Riveros; Mateo Gómez y Tomás Baras. A ellos dirigió estos elogios el
gobernador intendente Santiago Carrera el 26 de mayo
de 1813, hallándose en esta ciudad:
Me ha sido de la mayor satisfacción el haber tratado, aunque de paso,
con los habitantes de San Luis. Sus generosos y nobles sentimientos, su
carácter virtuoso, su enérgico patriotismo explicado por el órgano de
su Ayuntamiento como su inmediato representante, exigen de un corazón
americano toda gratitud y aprecio. El mío, revestido a más con el
carácter de jefe de esta Provincia que tanto me honra, quiere dar a
usía y su representado este público testimonio, admitiendo su obsequio
en nombre de la Patria. ..Viva usía cierto que en todo tiempo y
circunstancia seré un pregonero de las virtudes de este pueblo, con el
objeto de propender en lo sucesivo a sus adelantamientos y corresponder
así a tan distinguido mérito contraído con la Nación."
A través de los tiempos, muchos fueron los funcionarios que prometieron
empeñar sus esfuerzos para asegurar el bienestar del pueblo puntano.
Pero, una y otra vez, los documentos prueban que fue más efectivo lo
que San Luis dio con generosidad sin límites. Tras la promesa de
Carrera, vino el pedido de una contribución de mil pesos en dinero. Y,
de inmediato, el nuevo gobernador intendente exigió una relación de
hombres solteros, así como recomendó formar y disciplinar cuerpos de
milicias. La creación de la Intendencia de Cuyo, ordenada el 29 de
noviembre de, 1813, no sólo ahondó el cauce de ese notable aporte
patriótico, sino que lo tornó heroico hasta lo sublime y esto va dicho
con acento de Historia.
Los representantes de San Luis Chiclana, Sarratea, Paso y el secretario
Rivadavia suscribían el oficio siguiente, remitido al Cabildo de San
Luis con fecha 18 de enero de 1812:
"Acercándose el tiempo en que, con arreglo al artículo 1º del Estatuto
Provisional de 22 de noviembre del año próximo anterior, deba crearse
la
asamblea general que ha de ser compuesta en una gran parte por las
representaciones que nombren los pueblos, previene a usía este Superior
Gobierno
proceda por sí y en unión con doce vecinos conocidamente patriotas que
designará a este efecto, a hacer dicho nombramiento que deberá recaer
en persona de patriotismo y adhesión notoria a la justa causa y
residente en esta Capital, para evitar las demoras y los costos del
viaje, en circunstancias que
tanto importa la brevedad que a usía se recomienda en la elección del
que tuviere a bien nombrar, dando inmediatamente el aviso
correspondiente."
Un mes después, nada había resuelto el Cabildo puntano, a tal punto que
con fecha 19 de febrero el Gobierno urgía la designación del diputado
con estas palabras:
"y habiéndolo verificado el Cabildo de Mendoza, se ha extrañado mucho
por este Superior Gobierno que usía se haya desentendido enteramente de
su
cumplimiento; y espera que para reparar un tan grave descuido, proceda
usía con tal exigencia a hacer la elección de dicho representante, que
llegue
a manos de esta Superioridad a vuelta de correo su nombramiento."
El 25 de febrero se reunió el Cabildo y "después de un escrupuloso
examen", procedió a nombrar los doce vecinos que determinaba la orden.
Fueron ellos: el cura y vicario, licenciado José Justo de Albarracín;
el padre prior del convento de Santo Domingo, fray Juan José Allende;
el administrador de temporalidades, don Ramón Esteban Ramos; el capitán
retirado don Tomás Baras; don Esteban
Fernández, don Gerónimo de Quiroga, don Manuel Herrera,don Juan Palma,
don Tomás Luis Osorio, el capitán José Romualdo Ortiz, don Mateo Gómez
y don José de BIas y García, quienes fueron citados para el día
siguiente. El 26 admitió el Cabildo la excusación hecha por el cura
Albarracín y nombró en su reemplazo a don Lucas Fernández,
procediéndose "en la misma hora" a la votación. El alcalde de primer
voto y presidente del cuerpo, licenciado Santiago Funes dijo "que
respecto a que el electo debe ser residente en la Capital, sufragaba su
voto en el señor doctor don Antonio Sáenz, por considerarlo apto y
suficiente para el indicado ministerio, e igualmente por tener
auténticos informes del apoderado del pueblo don Ramón Esteban Ramos de
que es un decidido patriota, adicto al actual gobierno y un activo
protector de la causa común de esta provincia". Con este voto se
conformaron los demás existentes, excepto don Tomás Baras, quién
sufragó "en el ciudadano el Señor don Eugenio José Balbastro por su
mérito y distinguido patriotismo y que al mismo tiempo ha favorecido la
causa de este pueblo".
Con esa misma fecha -26 de febrero-- el Superior Gobierno remitió el
Reglamento de la asamblea, el que había dictado "combinado en el modo
posible la libertad del pueblo con el orden y el respeto a las leyes
que tan altamente la recomiendan su propio interés y su felicidad".
Mas, después de disolver la asamblea el 6 de abril, volvió a oficiar al
Cabildo Puntano el 1º de mayo para manifestarle que "la opinión
universal de los buenos ciudadanos cuenta ya la disolución de la
Asamblea entre los triunfos de la Patria, y a excepción de un pequeño
número de facciosos, no hay hombre en esta Capital que no admire la
energía con que el Gobierno evitó la ruina del Estado".
En este mismo oficio el Triunvirato -del que Rivadavia formaba parte
desde el 25 de marzo- impartía nuevas instrucciones para la próxima
asamblea, en la que los apoderados debían ser distintos de los que
compusieron la anterior y sin otras facultades "que las expresadas en
el estatuto de 23 de noviembre y reglamento de 19 de febrero último",
para evitar en lo sucesivo "competencias y divisiones que pudieran
sepultarlos en la mayor de todas las desgracias". Mediante otra
circular de fecha 3 de junio de 1812, Pueyrredón y Rivadavia avisaban
que "con el objeto de
ormar para las representaciones en el Congreso General un plan de
elección bajo los principios de una perfecta igualdad política, de
fijar el tiempo y lugar de la reunión del Congreso y de concluir y
sancionar los tratados de pacificación, amistad, comercio y alianza con
los Estados independientes, ha determinado el Gobierno que se reúna en
esta Capital, sin pérdida de instantes, la Asamblea extraordinaria
anunciada en el manifiesto de 7 de abril de este año, y que al efecto
nombre usía sus diputados, les extienda sus poderes y dé sus
disposiciones para que a la mayor brevedad se presenten a desempeñar su
comisión". En esta oportunidad se señalaba que el Cabildo procedería
"con libre arbitrio para elegirlos de esa ciudad, de esta Capital o de
cualesquiera de los pueblos de las Provincias libres, costeándolos de
los fondos públicos con la mayor economía".
Reunido el Ayuntamiento el 30 de junio, "en asocio del señor teniente
gobernador de esta ciudad de San Luis de Loyola y su jurisdicción",
fueron nombrados los doce vecinos que intervendrían en la elección:
fray Juan José Allende, don Ramón Esteban Ramos, don Tomás Baras, don
Esteban Fernández, don Manuel Herrera, don Tomás Luis Osorio, don Lucas
Fernández don Agustín Palma, don Juan Palma,
don Mateo Gómez, don José González de Pena y don José de Blas y García,
los que fueron citados "para mañana primero de julio a las ocho y
media, al toque de campana, en cuya hora se procederá a la referida
elección".
Correspondió al teniente gobernador Ortiz votar en primer término y lo
hizo "en el ciudadano don Nicolás Rodríguez Peña, vecino de la capital
de Buenos Aires, en virtud de los prácticos conocimientos que tiene de
ser un decidido patriota y adicto a esta provincia y de los mismos que
él tiene de ella". Todos se conformaron con este voto, aunque algunos,
como el P. Allende, Baras y Agustín Palma, no dejaron de señalar los
elevados méritos, el conocido patriotismo y la suficiencia del
expresado don Nicolás. Seguidamente se extendió el poder, en la forma
ordenada por el Superior Gobierno aunque haciendo constar que por ahora
no quedaba revocado "el poder que en lo particular y general le tiene
conferido este pueblo al señor doctor don Antonio Sáenz, a excepción
del que se le dio para vocal de la presente Asamblea". En cambio, a
Rodríguez Peña se le otorgaba "con facultad especial y general de
sustituirlo por una sola vez, en caso de impedimento legal, en la
persona que sea de su mejor confianza y satisfacción". Apoyándose en
esta cláusula cuando Rodríguez Peña se incorporó al
Triunvirato sustituyó su poder a don Juan Agustín Donado, quien se
desempeñó hasta que los acontecimientos del 8 de octubre de 1812
removieron "los embarazos que han podido aletargar y obstruir hasta
aquí el uso de la libre representación de los pueblos unidos, que en lo
sucesivo deben explicarse ampliamente y sin limitación alguna".
El nuevo gobierno, con fecha 3 de noviembre, ordenó la elección del
diputado que debía integrar la Asamblea General y recomendó al Cabildo
que el nombrado se pusiese en camino con toda celeridad, "para que se
consiga, como es tan urgente, que en todo el mes de enero entrante se
apersonen en esta Capital y se verifique la apertura inmediatamente de
la Asamblea General".
Para dar cumplimiento a esta orden, recibida por correo extraordinario
el Cabildo y el teniente gobernador se reunieron el 16 de noviembre y
acordaron se cite al pueblo, y vecindario de la campaña, a cuyo efecto
líbrense las órdenes correspondientes, convidándoseles concurran para
el día 26 del corriente, en cuyo día o el siguiente se practicará la
elección de diputado mandada por la Superioridad".
El citado día 26 se procedió a designar los ocho alcaldes de cuartel
que presidirían las elecciones de electores. El nombramiento de dichos
alcaldes, según lo expresa el acta respectiva, "lo practicó el señor
teniente gobernador por sí, con arreglo al artículo 29 del formulario
que expidió el Excelentísimo Superior Gobierno con fecha 24 de octubre
próximo pasado". Las personas designadas por Ortiz fueron Esteban
Fernández, Gerónimo de Quiroga, Agustín Palma, Ramón Esteban Ramos,
Francisco Vicente Lucero, Tomás Baras, Fernando Lucio Lucero y Manuel
Herrera, "a quienes habiéndoseles mandado comparecer en esta sala
capitular, se les recibió el juramento de estilo y entreg6 a cada uno
la lista correspondiente de los ciudadanos que deben concurrir a sus
respectivos cuarteles, cuya división se ha practicado con acuerdo del
Ayuntamiento, como así está prevenido en el ya citado formulario".
"Sin intermisión de tiempo", los alcaldes procedieron a recibir los
sufragios, labor que cumplieron en la mañana del 27 de noviembre. Es
preciso señalar que los electores elegidos fueron los mismos alcaldes,
salvo en el Cuartel 69 -encomendado a Tomás Baras- donde los votos
favorecieron a Tomás Luis Osorio. Ese mismo día el Cabildo, con el
teniente gobernador y los ocho ciudadanos electos por sus respectivos
cuarteles, procedieron a la elección de representante. Ortiz, como
presidente, fue el primero en votar y lo hizo por "el ciudadano don
Agustín José Donado, vecino de la Capital de Buenos Aires, en virtud de
concurrir en el dicho las circunstancias -prevenidas". La elección
resultó canónica y el aeta se cerró con estas palabras:
En este estado,habiendose convocado nuevamente al pueblo a toque de
campana, se le notició que electo representante en la proxima asmblea
era el ciudadano don Agustin Jose Donado, hijo y vecino de la de Buenos
Aires; y hallandose todos
en general armoniosamente conformes con el referido representante, se
cerró la presente elección y se suscribió por: los ocho electores y el
magistrado,
falta de escribano.
En esa jornada, sólo quedaba un. paso por cumplir: el otorgamiento del
poder "amplio, con libre, franca y general administración cuanta por el
derecho de gentes se requiere
También ese escollo fue salvado, para rematar en la instrucción al
representante de esta provincia , que el cabildo redactó el 18 de enero
de 1813.
Tan interesante documento, que Hudson y sus repetidores Peña revela en
forma notable el sentir de los capitulares puntanos, que comienzan
diciendo: ...
"Este Ayuntamiento y su Provincia, en las circunstancias presentes no
mira por ahora otro objeto que el que se asegure nuestra existencia 'o
independencia civil; y por lo mismo prescinde de hacer a usted encargos
particulares que pueden en todo tiempo, consolidado nuestro sistema,
practicarse sobre el progreso y adelantamiento de este país. Sin la
perfecta tranquilidad y verdadera reunión de ánimos en cada provincia
es visto que nada se adelanta a favor de la causa, antes todo cede en
perjuicio de ella."
Mas, "para que esta provincia y sus magistrados se conserven en la
invidiable sociedad que hoy disfrutan", el Cabildo señala a Donado
algunos puntos cuya decisión favorable le pide trate y gestione
esforzadamente en la Asamblea.
El primer punto es urticante y su redacción no debió agradar mucho al tan centralista don José Lucas Ortiz:
"Que por enfermedad grave, ausencia o muerte de este teniente
gobernador pueda la Providencia, reunida en. Sus respectivos cuarteles,
con la dignidad y decoro debido a un pueblo virtuoso y enérgico, como
se ha demostrado, hacer nombramiento y elección en otro individuo de su
plena confianza y satisfacción, y dar cuenta con la posible brevedad al
excelentísimo Gobierno para su confirmación, en vista de la voluntad
general de la Provincia". Esto quiere decir, sin necesidad de ahondar
mucho, que San Luis no quena "premios" como el que, según Gez, le
otorgaron al crearse el cargo de teniente gobernador.
Explican luego los capitulares que, desde hace poco tiempo, se ha
suscitado competencia de jurisdicción entre los jueces ordinarios de la
ciudad de San Luis y el intendente de Córdoba, "por tratar éste de
arrastrar por vía de apelación a él, el conocimiento de algunos asuntos
merecontenciosos y peculiares al privativo de estos juzgados" como esas
apelaciones se llevaban antes a la Real Audiencia y últimamente se ha
mandado dirigirlos a la Cámara creada al efecto, los cabildantes piden
"se declare asertivamente hasta dónde se extiende la jurisdicción del
referido intendente", que entienden debe limitarse a lo gubernativo.
Con vigorosas tintas -enturbiadas por resentimientos con el cura
Albarracín- la "Instrucción" pinta los males causados por los descuidos
de los párrocos y la carencia de una escuela de primeras letras,
razones por las cuales hay en la jurisdicción innumerables familias
pobres cargadas de hijos, "las más de ellas nobles y de buen
nacimiento", que no saben rezar ni confesarse. Dicen los capitulares
que desearían mantener un maestro capaz de instruir a los niños "no
sólo en los puntos de religión, sino también en los derechos de cada
uno y de la causa general que defendemos", pero que la falta de
recursos "y las competencias
que suscitan los párrocos" impiden poner remedio a -tan perniciosos
males. y como quieren vivir en armonía, piden que se determine a quién
corresponde terminar con ellos.
Agregan que, para plantear una escuela de primeras letras y principios
de latinidad, debe quedar en la provincia el noveno y medio de los
diezmos que desde hace tantos años se extrae para Mendoza, a favor de
un hospital que
en nada beneficia a los puntanos. Con esos fondos y los ciento
cincuenta pesos que el visitador doctor Juan Justo Rodríguez asignó a
la iglesia en 1810, afirmaban los capitulares que sería posible
establecer esa escuela tan necesaria "para que el hombre conozca sus
verdaderos y legítimos derechos". ..
El 24 de febrero de 1813 el Ayuntamiento redactó otra “Instrucción"
para informar al representante "sobre los justos motivos que han
impedido hasta hoy el establecimiento de la Junta de Concordia que
previene el Estatuto de 23 de
enero de 1812". Entre las principales dificultades, mencionaba el
Cabildo las siguientes:
"Que extendiendo la vista por toda la Provincia, no se halla un
individuo que pueda desempeñar el delicadísimo ministerio de
Secretario, por falta de principios, práctica y suficiencia de que debe
estar revestido para que se conserve inviolable la fe pública y demás
confianzas que en él deben depositarse. Que siendo enteramente escaso
el fondo público, no hay de dónde sufragarle la pensión que por su
trabajo debe percibir."
Aunque el Cabildo consideraba que debía esperarse las resoluciones de
la Asamblea Soberana, no dejaba de poner estos antecedentes en
conocimiento de Donado porque "este Procurador de ciudad -don Tomás
Baras- insta con tan
imprudente razón, que más parece empeño particular que
del bien común".
La Asamblea General fue jurada en San Luis el 12 de
febrero de 1813. Ese día, según expresa el acta, "habiéndose primero
convocado las corporaciones y el pueblo, se prestó en esta Sala
consistorial el juramento prevenido y se hizo por todos el
reconocimiento más plausible, con muy
vivas demostraciones de júbilo y alegría".
AGUSTIN JORGE DONADO
Hijo de don Clemente Donado y de doña -Petrona Chaury, nació en la
ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto de 1767. En 1803 estaba empleado
en la administración de las colonias guaraníes y a fines de 1809 se
hizo cargo de la Imprenta de Niños Expósitos, desde donde secundaría
infatigablemente la
labor de los patriotas, entre los cuales figuró y actuó siempre en
forma decidida. Camarada de Saavedra y de Belgrano, estuvo presente en
el Cabildo del 22 de mayo de 1810. A fines de 1811, por sus manejos
políticos, fue separado de la Imprenta y desterrado de Buenos Aires. En
1812 Rodríguez Peña sustituyó en él la representación de San Luis y en
1813 se incorporó como diputado por la jurisdicción puntana a la
Asamblea General, de la cual fue vicepresidente. Su labor más
interesante, en esta magna reunión, la desarrolló como encargado de
confeccionar el sello para la Asamblea, origen del Escudo Nacional.
Formó en las filas inquietas de la Sociedad Patriótica y de la Logia
Lautaro, lo que le valió ser perseguido por alvearista. En abril de
1820 desempeñaba el puesto de inspector general del resguardo. Privado
de dicho empleo por razones políticas, fue repuesto en 1827 y al dar la
noticia decía la "Gaceta Mercantil" que Donado "es un conocido entre
nosotros desde el 25 de mayo de 1810, que se manifestó como uno de los
que principiaron el movimiento sagrado de nuestra regeneración
política". En 1828 representó en la Cámara de Diputados a los partidos
de Quilmes, Magdalena y Ensenada. Murió en Buenos Aires el 13 de
diciembre
de 1831.
Los granaderos puntanos
El gobernador intendente de Córdoba don Santiago Carrera escribía a Ortiz, el 16 de abril de 1812, lo siguiente:
"Con fecha 27 de marzo el Secretario del excelentísimo Superior
Gobierno don Nicolás Herrera me participa que con la misma se ha
expedido orden para que de esa ciudad se remitan a la Capital ciento
hombres de regular estatura y de a caballo, encargándome concurra por
mi parte a que, a la mayor brevedad, se cumpla la referida orden. A
este fin me parece que no debo hacer otra cosa que recordar a ese
pueblo los distinguidos beneficios que ha recibido de aqueja Capital en
todas sus pretensiones y solicitudes. Este poderoso estímulo y el
interés común de la Patria me hacen creer que esa ciudad prestará
gustosa los cien hombres que le pide la Capital. En tiempo de la
Excelentísima Junta Gubernativa me dijo el diputado de ese pueblo que
su jurisdicción, sin mayor dificultad, podía facilitar seiscientos
hombres aptos y proporcionados
para el manejo de las armas. Agregando a todo esto la firme persuasión
en que estoy de su celo y actividad, me prometo que a vuelta de correo
tendré ya la plausible noticia de que los dichos cien hombres se hallan
en marcha y muy prontos a verificarla, debiendo usted en caso preciso
avisar a este gobierno las providencias o auxilios con que pueda
concurrir al más exacto cumplimiento de la citada superior orden."
Don José Lucas Ortiz, con fecha 24 de abril, se dirigió al Gobierno de
Buenos Aires para acusar recibo del oficio "en que me dice ha resuelto
la formación de un Escuadrón de Granaderos de a Caballo y que ha
conferido sus primeros
empleos a sujetos recientemente llegados de Europa". Explicaba el
teniente gobernador que, para dar puntual desempeño a la orden de
remitir cien reclutas, averiguó "como de primera necesidad", qué dinero
existía en las Cajas
Reales y en la de Temporalidades, resultando que "en la primera. ..sólo
existen 22 pesos, y en la segunda no hay nada", razón por la cual
oficiaría a los ministros de Mendoza solicitando dos mil pesos, "que
aún son escasos para socorrerle a cada individuo con 14 pesos, que es
lo que le han abonado en las anteriores marchas, y se agrega el flete y
la mantención de carne".
El 13 de mayo, los ministros mendocinos manifestabana Ortiz que "aún
mayor falta de numerario padece esta Caja, respecto a los fijos
desembolsos que hace todos los meses y no podemos contar con existencia
alguna".' Esta respuesta
obligó al teniente gobernador a dirigir su. solicitud a Carrera y el 9
de junio pudo informar al Superior Gobierno:
"Ayer llegó de Córdoba el teniente de Voluntarios don José Leguizamo
conduciendo mil pesos, único numerario que me ha remitido -el señor
Gobernador Intendente, diciéndome no haber en aquella caja principal
más dinero; y que les dé a cada soldado una sola paga a razón de ocho
pesos, según el último reglamento de sueldos dispuesto por esa
superioridad, lo que así verificaré, puntualizando su
salida para ésta a la mayor' brevedad." Comunicaba también haber
ajustado el flete para la conducción de cada individuo a razón de diez
pesos dos reales con el alcalde de segundo voto don Dionisió Peñaloza,
quién percibiría su haber en la Capital.
El 23 de julio don Tomás Baras -suegro de Peñaloza- como capitán de
Voluntarios retirado, se ofreció a conducir los cien granaderos "sin
que se me asigne prest
ninguno; y me conduciré hasta mi regreso a ésta, con caballos y peones
a mi costa, a fin de ahorrarle al Estado siquiera este oficial
subalterno
Montados en mulas mansas, más resistentes a los rigores del invierno,
partieron los reclutas puntanos el 21 de agosto, después de "siete días
que han estado acuartelados mientras se reunían de las distancias que
han bajado de
esta jurisdicción". El contingente se presentó el 14 de septiembre en
el cuartel del Retiro y fue recibido por el. teniente don Justo
Bermúdez. Diez días después San Martín
certificaba que el capitán don Tomás Baras ha entregado
al Regimiento de Granaderos a mi cargo, ciento once reclutas
pertenecientes a la Punta de San Luis".
Ello de noviembre el capitán don José Narciso Dominguez entregó otros
noventa y tres voluntarios puntanos, alcanzando así la contribución de
San Luis a doscientos cuatro hombres, sobre un total de cuatrocientos
setenta y
seis individuos que componían el pie de fuerza del Regimiento de
Granaderos en diciembre de 1812.
En el combate de San Lorenzo, el tributo de sangre
puntana también fue el mayor; de los catorce granaderos
muertos en la mañana del 3 de febrero de 1813, tres eran
de San Luis y se llamaban Januario Luna, Basilio Bustos
y José Gregorio Franco. A estos nombres corresponde agregar el de
Paulino Sosa, a quien debió amputársele el brazo
izquierdo, y el de Juan Bautista Baigorria -simple soldado como Cabral,
su camarada de gloria- que a punta de lanza y de coraje ayudó a salvar
a San Martín.
Todo es fácil explicarlo con palabras de don Víctor Saá:
"El medio telúrico había hecho del puntano un hombre de a caballo, pero
serrano, un campeador de altura que dominaba en forma maestra su
caballo de vaso duro -el amigo predilecto-- y dos instrumentos
inseparables: el lazo y el cuchillo. En ese duro ambiente, conocía y
ejecutaba a la perfección todas las faenas de la vida en la estancia;
desde rastrear hasta trenzar, desde campear a rumbo hasta lonjear o
carnear. En esa escuela, con una educación secular, acostumbrado a
enfrentar los tigres, los indios y la soledad, y a resolver con sus
