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Guerra de Ideas Políticas

CAPITULO VII

GUERRA DE IDEAS POLITICAS


Gérmenes de discordia en San Luis
Doloroso es decirlo, pero con la Revolución de Mayo se abren en San Luis, como en Buenos Aires, los opuestos cauces de las banderías. Detrás de esas "rencillas que matizan la vida pueblerina" o de las "miserables intrigas de aldea" hay algo más amargo, más profundo y también más doloroso: la lucha de partidos, que enfrenta a los vecinos y retarda el progreso de la jurisdicción entera. Y no son sólo problemas de San Luis: desde Buenos Aires también se mueven hilos, manejados por intereses diversos y no siempre confesados. Por eso no podemos conformarnos con el fácil esquema de quienes todo lo achacan a la oscuridad provinciana o miran por sobre el hombro lo que su vanidad no les permite comprender.
No todo fue tan simple en tierras de San Luis. Bien lo certifica el Cabildo cuando, el 29 de julio de 1810, dice a la Junta:
"Antes de recibir este Cabildo el oficio de V.E. que le dirige con fecha 19 del presente, ya había tomado las providencias conducentes al mejor arreglo de este pueblo, publicando el correspondiente bando en orden a contener la maledicencia de algunos díscolos de quien tuvo noticia se proferían con dicterios en cuanto a las disposiciones de V.E., sin dudar que si después de esta reconvención no guardaban a ellas el sagrado de sus respetos, los escarmentaría. Nuestro celo en esta parte será siempre infatigable y si en lo sucesivo se interrumpe por alguno el silencio y decoro que hasta aquí conserva el pueblo hacia la persona de V.E., no debe dudar por un momento seremos los ejecutores más fieles y activos de cuanto nos ordena en esta parte."
La lucha por el poder aparece en San Luis a poco de conocerse los sucesos de la Capital. Sus rastros se encuentran en las distintas fases del cambio de comandante de armas, al ser retirado del empleo don José Ximénez Inguanzo, en razón de tenerlo por sospechoso y a pesar de sus expresiones de acatamiento y obediencia. De cómo empezaron las cosas lo anoticia la nota del Cabildo a la Junta, datada en San Luis el 17 de julio y en la que se lee:
". ..y como don Francisco Vicente Lucero, a quién V .E. ordena se recibiese de dicho empleo, sin embargo de ser hombre bueno, no tiene la más mínima práctica en el mando de armas ni menos ha servido en tiempo alguno la milicia, nos pareció acertado consultarlo con dicho Lucero, haciéndole presente que acaso V.E. le habría despachado aquel título por equivocación, y que poniéndole en posesión de él resultarían quejosos y desavenidos los capitanes y demás oficiales del cuerpo que hasta aquí nos eran adictos y a quienes por escala nos parece les corresponde. En esta virtud, hecho cargo de la razón el citado Lucero, cedió gustosamente su facultad conferida en este Ayuntamiento, firmando este acuerdo con los capitulares, para que la depositase en el capitán más benemérito, inter se daba cuenta a V.E. para su deliberación.
Se ha librado orden a la jurisdicción de esta Ciudad para que baje a ella el capitán del Regimiento de Voluntarios don Juan Basilio Garro a recibirse de dicho empleo, hasta la determinación de V.E.; a éste nos parece corresponderle la Comandancia del Regimiento por su antigüedad, y la de Arnlas al ayudante mayor veterano don Matías Sancho, según se nos dio a entender estar así dispuesto por real orden desde el tiempo del mando del excelentísimo señor virrey marqués de Sobremonte".
Es imposible dejar de advertir el tino y la prudencia del Cabildo presidido por Poblet, así como no puede dejar de llamar la atención el hecho de que, casi al mismo tiempo --el 19 de julio-- la Junta designa Comandante de armas al capitán Juan Basilio Garro y ordena a Francisco Vicente Lucero hacer entrega de dicho empleo.
Enfermo de viruela, Garro murió el 14 de noviembre.
Pero antes de morir, reconvenido por un religioso dominico, encargó la Comandancia al ayudante Matías Sancho.
El gobernador intendente de Córdoba don Juan Martín de Pueyrredón, enterado de este suceso, dirigió un oficio al Cabildo pidiéndole que propusiese dos oficiales para elegir reemplazante, aunque por nota reservada no dejaba de advertir que los candidatos debían ser patricios.
Como Pueyrredón le había facultado a depositar el mando en persona de su confianza, el Cabildo designó al capitán Francisco de Paula Lucero.
Esto ocurría el 14 de diciembre, cuando ya Poblet había partido hacia Buenos Aires, es decir, cuando ciertos intereses y ambiciones podían aflorar libremente. Así se desprende de la nota que el 19 de ese mes el Ayuntamiento dirigió al gobernador intendente y en la que proponía para ejercer la Comandancia: "en primer lugar, al mismo don Francisco de Paula, que es el capitán más antiguo; a éste le sigue el capitán de Voluntarios don José Narciso Domínguez, pero éste se halla actualmente electo y confirmado de regidor alférez real para el año entrante de 1811; y para evitar en esta parte algún tropiezo, si lo es, proponemos al capitán de milicias urbanas don José Lucas Ortiz, sujeto igualmente de distinguidos méritos y servicios, tanto en la milicia, que la ha servido muchos años como de alcalde ordinario de esta ciudad, con aceptación del pueblo, por su actividad y celo, integridad y conducta".
Sin embargo, Sancho hizo presente que la Junta el 7 de diciembre le había extendido despachos de Comandante de armas, por lo que volvía a ejercer el mando. Mas el Cabildo, escudado en la facultad que le confiriera Pueyrredón, apeló "hasta el próximo correo", mientras hacía llegar sus quejas a Buenos Aires. A requerimiento de la Junta, el 8 de enero de 1811 don Marcelino Poblet expresaba su opinión en este informe, que después sus adversarios esgrimieron como prueba de los supuestos desvíos del representante:
"El diputado de la ciudad de San luis con vista de la representación del ilustre Cabildo de ella contra el ayudante mayor y Comandante de armas don Matías Sancho, que se le ha pasado a efecto de exigir su informe dice, le tiene a dicho Sancho en el concepto de honrado y el más apto en aquel pueblo para el desempeño de este ministerio y que igualmente le consta, por conocimientos prácticos, que ninguno de los otros nombrados por dicho Cabildo tienen actividad ni pericia para desempeñar cualesquier función del servicio militar. Que por este medio se evita al mismo tiempo al erario el dispendio del aumento de sueldo de otro individuo inepto y atendiendo a que el referido Sancho en el largo tiempo que ha estado destinado en aquel pueblo ha observado los mejores oficios de urbanidad y política con los principales vecinos de él, podrá V.E. siendo servido no removerle de dicho empleo sin que sea oído, y convencido de los defectos que por queja de algunos mal afectos o imprudentes han puesto en movimiento el reclamo de dicho ilustre Cabildo."


La contribución militar
Otra de las vertientes de discordias la constituyó la formación de contingentes destinados a empuñar las armas fuera del terruño. La Junta, con fecha 9 de julio de 1810 había impartido terminantes instrucciones al Cabildo puntano:
"Los derechos del Rey y de la patria exigen imperiosamente que se aumente la fuerza armada de esta Capital, con arreglo a los importantes objetos que ocupan la atención del Gobierno y a la extensión necesaria para la seguridad del territorio. A este efecto ha ordenado esta Junta que en la jurisdicción de su mando se publique una leva rigurosa, excitando a los buenos patriotas que voluntariamente quieran contraerse al servicio de las armas y empeñando al mismo tiempo usía todo su celo y las facultades de su empleo, a fin de aprehender todos los vagos y hombres sin ocupación de conocida utilidad a la sociedad, remitiéndolos a disposición de esta Junta con la seguridad y prontitud que exige la sagrada causa a que se destinan."
También el comandante Garro se le recomendó "congregar el mayor número de reclutas posible, remitiéndolos a esta Capital a la mayor brevedad, pues el interés general del Estado exige la formación de una fuerza respetable en esta ciudad".
El 7 de agosto se presentó en San Luis don Blas de Videla, comisionado por la Junta para reunir voluntarios y poco después tanto el Cabildo como el comandante de armas recibieron orden de alistar un contingente de cincuenta hombres, el que debía marchar a la ciudad de Córdoba para incorporarse a las fuerzas auxiliadoras. En estas instrucciones se han basado algunos cronistas para afirmar que efectivos puntanos intervinieron en la batalla de Suipacha, afirmación equivocada, como más adelante se verá.
La Gaceta incluyó en su páginas una interesante "Lista de los individuos vecinos de esta ciudad de San Luis, de las cantidades y especies que han ofertado por donativo para costear la compañía de cincuenta hombres para marchar a Salta", en la que, junto al vicario José Justo Albarracín y los alcaldes Poblet y Palma, figuran también los comerciantes de la Punta, sin que falte el nombre de una mujer -doña Micaela Pardo, que obló 10 pesos- ni el exponente de una antigua y noble artesanía: el platero José Salinas.
Mas, así como este documento convida a la exultación, deprime el relato hecho por el comandante Garro el 15 de octubre para explicar a la Junta las circunstancias que no le permitieron remitir a Córdoba el mencionado contingente. Apoyándose en una certificación extendida por el mismo Cabildo, dice Garro que el 22 de setiembre se desató un temporal de agua y granizo, que duró cuatro días; a esto siguió una nevada que se prolongó durante una semana, matando muchos animales de los reunidos para encabalgar los voluntarios. Ello de diciembre, el comandante de armas interino don Matían Sancho dirigió un oficio a la Junta, proponiéndole remitir los cincuenta hombres a Buenos Aires, "en razón de que ya no hacen falta en el Perú", propuesta que fue aecptada por el Gobierno, según el mismo Sancho lo comunicaba al Cabildo el 14 de enero de 1811. Mientras tanto, don BIas de Videla no cejaba en su empeño de reunir reclutas, para lo cual contaba con mil pesos remitidos desde Córdoba y reclamaba otros tantos que Saavedra enviara la comandante de armas, quien los retenía con el propósito de auxiliar a don Buenaventura Martínez, también comisionado para conducir más soldados a la Capital.
Agravada la discordia entre Sancho y los capitulares, Martínez se puso en marcha el 31 de diciembre al frente de sesenta y seis soldados, "arrogantes muchachos, fuertes y capaces de tomar el fusil". A pesar de la ayuda que le prestara el Cabildo, Videla no pudo partir hasta el 19 de enero de 1811, llevando doscientos cincuenta y dos hombres, de los cuales entregó doscientos veinticinco en Buenos Aires el 2 de marzo. La deserción era inevitable y también la padeció Martínez, quién sólo pudo entregar sesenta hombres.


Luchas por el poder
Antes de que Poblet se trasladara a Buenos Aires, para cumplir con su cometido de representante de la jurisdicción puntana, en San Luis se procedió a elegir los capitulares para 1811. De acuerdo con esa elección, efectuada el 23 de octubre de 1810, el Cabildo debía ser integrado por las siguientes personas: Ramón Esteban Ramos, alcalde de primer voto; capitán Fernando Lucero, alcalde de segundo voto; Tomás Luis Osorio, alguacil mayor; José Narciso Domínguez, alférez real; Lorenzo Leániz, regidor llano; Juan Sosa, defensor de menores; Manuel Herrera, defensor de pobres y Francisco Vicente Lucero, procurador.
Al día siguiente, 24 de octubre, llegó a esta ciudad don Martín José de Goicochea, vecino de las Conchas, a quien la Junta internó "por justas y graves consideraciones". Nuevos elementos de intranquilidad se sumaron poco después con el confinamiento de don Juan Cid de Puga y del subteniente Juan Díaz, cuyo vigilancia fue causa de permanente malestar entre el Cabildo y el comandante de armas, reconvenidos una y otra vez por la Junta para que depusieran sus enconos. Desde Buenos Aires, con fecha 16 de febrero de 1811, se hicieron al Ayuntamiento estas advertencias:
"Que en lo sucesivo guarde aquella dignidad que es tan propia de su representación, sin mezclarse en asuntos que la desluzcan; que reconozca por tal Comandante de armas a don Matías Sancho, franqueándole los auxilios conducentes para las reclutas que deberán hacerse con arreglo a lo que se previene en las instrucciones impresas que por separado se le dirigen a usía, y que últimamente, como conveniente a la pública tranquilidad de ese pueblo, mande usía que el Licenciado don Santiago Funes salga inmediatamente para la Punta del Agua, como a lugar donde deberá residir sin permitírsele volver a la ciudad, como perjudicial a ella, según lo ha manifestado en tiempo anterior y le consta a esta Junta."
Por esos mismos días se dispuso la formación de la Junta subalterna, dependiente de la Junta provincial residente en Córdoba, con atribuciones tales como "recaudar las rentas fiscales, organizar las milicias, procurarse recursos en dinero, ganado y especies para su sostenimiento, mantener el entusiasmo en favor de la nueva causa y acudir en auxilio del orden interno y de la defensa general del nuevo régimen". Dicha Junta debía ser presidida por el comandante de armas, a quien secundarían dos vocales elegidos por el vecindario. El Cabildo puntano, persistiendo en sus propósitos de trabar la acción de Sancho, logró que a la Junta subalterna se incorporasen dos de sus hombres de confianza, promotores también de las maquinaciones contra el diputado Poblet: fueron ellos los capitanes José Lucas Ortiz y Tomás Baras, ligados por intereses políticos y comerciales al alcalde Ramón Esteban Ramos. Sin embargo, la Junta Gubernativa de Buenos Aires, con fecha 17 de junio, se dirigió al Cabildo en los siguientes términos:
"Resultando del parte dado sobre la elección y posesión de vocales de esa Junta Subalterna, el vicio de nulidad con que se ha procedido en ella, pues en el acto concurrieron a la votación los capitulares de ese Cabildo contra el tenor expreso del artículo 21 del Reglamento de 1 de febrero anterior, ha determinado esta Superioridad que se practique nueva elección con arreglo y sujeción al referido artículo; y para que guarde en su ejecución el orden, legalidad y pureza que corresponde, sin alterar la quietud pública que tanto interesa al bien del Estado, que presida el acto de votación el Comandante de armas de esa ciudad, don Matías Sancho (después que se haga por cuarteles nuevo nombramiento de electores) a quién se le comunica esta providencia y la resolución de que el alcalde don Ramón Esteban Ramos salga de la ciudad a distancia de 20 leguas, al lugar llamado del Gigante, inmediato a las Lagunas rindiendo antes cuenta de los propios de ciudad, a cuyo fin se le señala el término de tres días, hasta nueva orden; cuya determinación se le participa a usía para que, contribuyendo a este interesante objeto por su parte con el celo que le caracteriza, obre aquellos efectos que desea esta Junta en obsequio del bien de ese vecindario."
Aunque con el paseo del real estandarte los días 24 y 25 de mayo se pretendió patentizar al público el patriotismo de las autoridades, la ciudad de San Luis seguía siendo un hervidero de pasiones. Uno sobre otro rodaban los nubarrones de la tormenta: Sancho consideró un atropellamiento del fuero militar el arresto que el alguacil mayor Tomás Luis Osorio impuso al cadete Ramón Rey y Ramos; la Junta insistió en el pago de las dietas reclamadas por Poblet y permitió al licenciado Funes trasladarse a Buenos Aires, para vindicarse; dispuso luego la superioridad que se devolviese a carreteros y arrieros de San Juan y Mendoza el impuesto que se les había exigido para sostén del diputado puntano; y, ahondando la intranquilidad, la Junta ordenó a San Luis la remisión urgente "de los cuatrocientos hombres que había ofertado".
El 31 de julio de 1811, el Superior Gobierno comunicó al Cabildo haber acordado "se suspenda por ahora la elección de los vocales que deben componer la Junta de esa ciudad, hasta la resolución de las ocurrencias que han dividido los ánimos de ese vecindario". Y algunos días después la Junta de Córdoba advertía que "los ocursos que ese vecindario dividido tiene hechos a S.E. debieron haberse dirigido por medio de este Gobierno, con quien primeramente debieron entenderse, según el orden prevenido por las leyes y dependencia de esa ciudad a esta capital".
La creación del Poder Ejecutivo, acordada por los diputados de las provincias para reconcentrar la autoridad, dio a San Luis nuevas palabras para meditar pero no amenguó sus desdichas:
"Los pueblos deben ser libres por todo derecho; y a una causa tan justa no pueden faltar arbitrios para sostenerse. Sólo las pasiones pueden destruir nuestra obra, ellas han hecho decrecer nuestras glorias, y el Gobierno no exige otra cosa de los pueblos que una justa obediencia a sus determinaciones y un eterno olvido de las divisiones y partidos que tantos males nos causaron."
Así escriben Chiclana, Sarratea y Paso; pero, al mismo tiempo, reclaman soldados y más soldados, sin dejar de prevenir "que no se incomoden los vecinos pacíficos y las gentes laboriosas, sino solamente las que sin oficio ni beneficio deban ser una pesada carga a los pueblos que estragan con sus vicios". Para vigilar esa contribución de sangre, la Superioridad dispuso la confección de un censo o padrón, "con inclusión de los habitantes de las campañas y distinción de estados, edades, sexos, profesiones y clases", el que debía remitirse "a la mayor brevedad posible y con la puntualidad que exige el interés de la Patria".
Sancho solicitó al Cabildo que el 20 de noviembre se reuniese en San José del Morro la gente que debía marchar a Buenos Aires, advirtiendo que "en la actualidad sólo pueden caminar doscientos hombres, poco más o menos, por no haber cabalgaduras para más, reservando la remisión de los otros doscientos hasta que el tiempo lo permita".
El 10 de noviembre se juró y reconoció el nuevo gobierno y un mes después se publicó el bando que mandaba jurar el estatuto provisional, remitido a San Luis con un oficio en el que el Poder Ejecutivo -o Triunvirato, según es costumbre denominarlo-- expresaba con verbo rivadaviano:
"Los dos puntos que deben en todo tiempo y estado empeñar el celo de los pueblos por su libertad son: el que el depósito de la autoridad no llegue jamás a ser caudal propio de ningún ciudadano; y que el goce de los tres primeros derechos del hombre -propiedad, seguridad y libertad- esté bajo reglas ciertas, afianzado respecto de todo individuo. Estos son cabalmente los dos bienes fecundos que tiene la satisfacción este Gobierno de ofrecer a todos los pueblos de su mando en el Estatuto impreso que acompaña a usía. Él da a todo individuo lo que puede desear respecto de su persona, y a todos los pueblos lo que pueden exigir de aquellos en quienes ha depositado su confianza."
Los capitulares, fortalecidos en sus planes políticos contra Poblet, agitaron su remoción, para lo cual el mismo Ramos -como apoderado del pueblo-- fue comisionado a Buenos Aires, en tanto que a los amigos del diputado se les impedía abandonar la ciudad de San Luis con la excusa de "solemnizar la jura del Estatuto provisional, lo que se efectuará a la brevedad posible". La ceremonia se cumplió el 26 de diciembre, cuando ya se tenía conocimiento de lo acontecido en la Capital el día 7, "en la atrevida empresa de restablecer a los diputados de las provincias en el Gobierno", intento que motivó la orden impartida a Poblet el día 16 para que se retirase a su provincia, "disponiendo su salida dentro de veinte y cuatro horas". En ese mismo oficio se decía al representante puntano:
"Usted conoce la exigencia de las medidas que conducen a la conservación de la pública tranquilidad, no extrañará este procedimiento de que no puede desentenderse el Gobierno sin faltar a la más sagrada de sus obligaciones, y sacrificando algún pequeño resentimiento particular a los intereses de la Patria, sabrá interponer el influjo de su opinión para persuadir a los pueblos de la necesidad de esta providencia, de las miras benéficas del Gobierno y de la importancia de estrechar los vínculos de la más perfecta unión para llevar a cabo esta obra grande de nuestra independencia civil."
Concluía el año 11. La tierra toda estaba conmovida, más allá de las "rencillas aldeanas" del porteño Sancho, del cordobés Ramos o del muy puntano Poblet.


En busca de los saludables efectos El amor al terruño ha hecho escribir muchas inexactitudes. Tal, este cincelado medallón que debemos a nuestro cronista máximo: "San Luis, la primera en el sacrificio y que revelaba tener hombres capaces, resueltos y abnegados, en favor de nuestra causa, llamó la atención del gobierno central, creándose, como un premio, para su jurisdicción el cargo de teniente gobernador, que pasó a ocupar D. José Lucas Ortiz, ciudadano probo y excelente patriota".
Conviene, pues, transcribir el oficio que el Poder Ejecutivo dirigió al Cabildo puntano con fecha 7 de febrero de 1812 y en el que la verdad aparece muy otra:
"Sumergidos los pueblos de nuestra comprensión en la lucha a que los han provocado por fatalidad sus mismas pasiones, no sólo se mira combatido destructivamente el espíritu que los había guiado ventajosamente con tantos sacrificios, sino lo que es más sensible, bien que de esperar, detenidos con enorme retroceso los pasos adelantados que daban hacia su libertad. Rotos los vínculos de la armonía social, paralizadas las más justas medidas de la defensa de la Patria, entorpecidos los canales de la abundancia, desfallecidos los más ardientes deseos de muchos buenos y virtuosos ciudadanos, todo presentó a este Gobierno en el instante de su inauguración aquel verdadero prospecto de aflicción que amenaza y da origen a las grandes desgracias que han sufrido aun estados más poderosos; pero en medio de tantas calamidades a que también contribuía la falta de fondos públicos, ya ve usía los efectos de nuestros recientes desvelos y contracción: una reforma general en todos los cuerpos militares y civiles con otras medidas, ha proporcionado nuevos auxilios y el premio al mérito y a la virtud; cree, pues, con una fundada esperanza, que ellas también produzcan los saludables efectos que sólo pueden compensar las desventuras pasadas. Faltaría esta capital a la más sagrada de sus obligaciones si no extendiese sus miras de beneficencia hacia las provincias unidas, y como es correspondiente no removiese los embarazos que las han expuesto a desaparecer en el catálogo de los pueblos libres.
El estado violento a que han llegado en esa ciudad los odios y desavenencias que han mortificado tanto a este Gobierno, exige por ahora una medida que a un tiempo conduzca a su bien y guarde consonancia con la forma de gobierno establecida en la capital; y no de otro modo puede conciliarse que nombrando un jefe que puesto a la cabeza de ese gobierno, cesando en sus funciones la Junta que lo constituía, no sólo consulte aquel importante objeto, sino la tranquilidad general; cuyo grave cargo por las cualidades que reúne, y en clase de Teniente Gobernador, se le ha confiado a don José Lucas Ortiz para que en el momento que se le presente a usía con manifestación de su título, le dé la correspondiente posesión, Espera esta Superioridad que usía, esforzando su celo e influjo, contribuirá a que tengan efecto las justas miras que se propone en esta determinación que debe penetrar inspirado de su amor por el bien de la santa causa que defendemos; mientras que consagrada a los vastos objetos que privilegiadamente llaman su atención, presenta a esos pueblos con favorables resultados el día glorioso en que la posesión práctica de sus derechos han de fijar su representación y felicidad."
Integraban entonces el Cabildo el licenciado Santiago Funes, Dionisio Peñaloza, Maximino Gatica. José Justo Gatica, José Mariano Bustos, Juan Esteban de Quiroga, Manuel Moreno Bustos y Alejandro de Quiroga, partidarios del flamante teniente gobernador, como lo evidencia su respuesta del 26 de febrero:
"Ha visto este Cabildo el de V.E. de 7 del corriente lleno de satisfacción por haber, con el nombramiento del nuevo jefe puesto fin a los resentimientos en que se hallaba envuelto este pueblo, y arrancado de raíz los males que tanto lo agobiaban. Por sí y a nombre de este vecindario, se dan a V.E. las más expresivas gracias. Puede V.E., con segura confianza, descansar en la satisfacción que esta provincia toda (a excepción de 18 ó 20 rivales de nuestro sistema) así como fue la primera después de la Capital, en declararse, con alegría, a favor de la felicidad de la América; la primera en reclamar su parte y sagra do derecho, usurpado despóticamente por un diputado ingrato a su patria, también será la primera en prestarse con liberalidad, no sólo a las sabias determinaciones de V.E., sino, igualmente, a la defensa (en caso preciso) en esta capital hasta rendir la vida." De esta respuesta, acaso lo más digno de destacar sea el hecho de que los mismos capitulares insinúen que :
San Luis fue la primera en reconocer a la Junta. Este documento y otras constancias detenidamente analizadas permitieron al doctor Juan Saá afirmar: "Cabe a San Luis la gloria de ser la primer provincia argentina que se adhirió a la Revolución". Y no está de más recordar que, para responder al oficio nacido como consecuencia del acuerdo del 12 de junio de 1810, Saavedra y Moreno dispusieron "Conteste el recibo dándose las gracias por la prontitud en el reconocimiento".
Ortiz se hizo cargo de su puesto el 19 de marzo de 1812 y ese mismo día., "por exigirlo así las presentes circunstancias", se dispuso que en el término perentorio de veinticuatro horas Poblet saliese para su estancia del Tala, donde debía permanecer hasta segunda orden, "absteniéndose en lo sucesivo de oficiar a ningún magistrado, a no ser que goce de alguna representación pública". El 2 de abril, reunido en cabildo abierto, "pidió el pueblo que el referido Poblet se mantenga retraído en su casa hasta que por el señor' Teniente Gobernador e ilustre Cabildo se le substancie el correspondiente sumario, que deberán gestionarlo el referido síndico procurador (Alejandro de Quiroga) y el apoderado don Ramón Esteban Ramos hasta su conclusión y definitiva con dictamen de letrado". Pocos días después, Quiroga decía en elogio de Ramos:
"Por él los ciudadanos laboriosos y de obligaciones estamos seguros de no caminar a la Capital en clase de vagos o reclutas; a él debemos el amable gobierno que nos rige, con la confianza que por los conocimientos prácticos que tiene de los procedimientos de cada uno, sabrá distribuir la justicia. Últimamente, por su constante exigencia nos vemos libres de un diputado, que desconociendo y olvidando los sagrados deberes de su comisión, sólo trataba de satisfacer sus parcialidades y pasiones."
Caído también Sancho, el único que siguió enfrentando al Cabildo fue el cura de la ciudad, licenciado José Justo de Albarracín, quien recordó a los capitulares sus deberes de ediles y sus obligaciones para con el Rey de la Gloria y el Señor de los Señores:
¿ y es posible que en un pueblo culto se vean yerbasales, basurales e inmundicias por donde ha de pasar el Cuerpo adorable de N .S.J .C.? ¿ Tanto cuidado y esmero que observo para lo temporal, tanto aseo en entapizar y adornar las estancias para lo profano, y un descuido e indiferencia tan criminal en disponer y allanar con la limpieza posible las cuadras de la plaza por donde ha de pasar el Dios de las Virtudes? ¡ Oh Dios inmortal! ¿ Quam Rempublicam Habemus ?"
El 15 de febrero de 1812 asumió sus tareas de gobernador intendente de Córdoba el teniente coronel don Santiago Carrera y de inmediato comenzaron a llegar a San Luis sus indicaciones y advertencias. Encargaba así "velar incesante y enérgicamente" sobre el puntual cumplimiento de la orden impartida a los sacerdotes para que "indefectiblemente todos los sermones de cuaresma y del año, doctrinales y panegíricos"', se concluyan con una breve exhortación instructiva al pueblo sobre los sagrados derechos del hombre "y sobre la unión, fervoroso servicio y amor a la Patria". O daba traslado del acuerdo del 18 de febrero por el que resolvió el Gobierno "que desde esta fecha en adelante se haya y reconozca y use por las tropas de la Patria la escarapela que se declara nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y deberá componerse de los dos colores blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían". No siempre procedió Carrera con la misma actividad.
Lo prueba la denuncia hecha por don Juan Manuel Panelo contra el español europeo don Pedro Miguel Bringas quien, a pesar de haber sido expulsado de San Luis "por los orgullos, cizañas y demás enredos que había causado en este pueblo" a principios de 1812 se hallaba en esta ciudad "siguiendo la misma carrera porque fue despatriado y abusando con notable vilipendio de la orden ya referida para no introducirse en éste, sostenido por el patrocinio de su hermano político el Licenciado don Santiago Funes, actual alcalde de primer voto, asesorando uno y otro juzgado y conciliándose con él las órdenes superiores de V..E., siendo este individuo uno de los contrarios al sistema de ese Superior Gobierno y asimismo partidario de los opuestos cuando Córdoba propuso armas contra las disposiciones de la instalación de la Junta".
Desde Buenos Aires se remitió la denuncia al gobernador intendente para que, "siendo cierta la acusación, tome las más ejecutivas providencias que consulten la tranquilidad y el orden". Pero hasta el 14 de julio de 1813 no fue enviada a San Luis, sin más diligencia que una breve nota puesta por el nuevo gobernador intendente, coronel Francisco Javier de Viana, en la cual decía "que el motivo del escandaloso atraso de este negocio, ha consistido en haberse encontrado el día de ayer detenido este expediente entre los papeles de Secretaría", El 4 de agosto de 1812 se dio cima al padrón mandado, confeccionar el 17 de diciembre del año anterior. Es un documento valiosísimo para apreciar muchos aspectos de la vida puntana, olvidados o desconocidos hasta por escritores propensos a generalizaciones divorciadas de la realidad. Sin tomar en consideración las rectificaciones numéricas realizadas por Torre Revello -de poco bulto y menos importantes que otros errores que tan laborioso maestro no destaco-- diremos que la poblacIon total de San Luis y la campaña alcanzaba a 16.878 habitantes, de los cuales 7.813 eran varones y 9.065 mujeres.
El total general se hallaba formado por las siguientes clases: españoles americanos, 10.890; españoles europeos, 25; indios, 4.491; negros, 1.472.
Tenía la ciudad de San Luis 1.105 habitantes; las cifras de los principales partidos eran las que a continuación se indican: Saladillo, 1.211; Quines, 991; Renca, 907; los Corrales, 895; la Estanzuela, 860; Ojo del Río, 835; Rincón del Carmen, 824. El lugar con menos población era el paraje del Desaguadero, donde sólo se registran 37 habitantes.
También en agosto de 1812 el Superior Gobierno comisionó a uno de sus miembros, don Nicolás Rodríguez Peña, para desbaratar en Cuyo una temida conjuración de negros y poner fin a la división de estos pueblos. Hallándose en San Luis, el comisionado y gobernador en jefe dispuso con fecha 28 de agosto:
"No siendo compatible, por ahora, con la tranquilidad y armonía entre los ciudadanos de este pueblo, la permanencia en él de don José Gregorio Ximénez y de don Ramón Rey y Ramos, y consultando al mismo tiempo su propio sosiego, el señor teniente gobernador de esta ciudad hará que en el término de ocho días contados desde esta fecha, pasen el primero a la Carolina y el segundo a Renea, en cargando a los jueces de ambos partidos estén a la mira de su conducta. Lo mismo practicará con don Juan Escalante, luego que se presente en esta Ciudad, haciendo se dirija a la de Mendoza, donde se me deberá presentar."
Todo prueba que no era tarea fácil aquietar pasiones e intereses y que en la jurisdicción puntana se vivía en un constante alerta, tanto por parte de quienes trataban de complacer a las autoridades, como de aquellos a quienes no amilanaba el mote de díscolos con que tan ligeramente se los señalaba. Los riesgos se multiplicaban con la llegada de nuevos confinados, cuyas ideas y sentimientos se diseminaban por la ciudad y la campaña, donde más de una vez también fueron útiles por su laboriosidad, su industria o sus conocimientos. Y, en verdad, no todos conspiraban: frente a un José Losada o un Antonio Vázquez de Novoa se levanta un Narciso Marull, un José de Saá o un Juan Martín de Pueyrredón, dignos de un gajo de olivo por lo que generosamente enseñaron o fervorosamente anhelaron. Pero la intranquilidad del pueblo ensombrecía a los capitulares y desasosegaba al teniente gobernador. Por eso en octubre de 1813 no sólo se ordenó saliesen para la campaña "los europeos confinados que sean sospechosos", sino que se dispuso también que "las correspondencias de los indicados europeos giren abiertas, de modo que se pueda prevenir cualesquiera malo conspiración contra el presente liberal sistema".
¿ y quiénes encarnaban en San Luis ese "presente liberal sistema? Además del apremiado teniente gobernador don José Lucas Ortiz, es preciso recordar a los miembros del Cabildo de 1813: Ramón Esteban Ramos, Manuel Herrera, Luis de Videla, Agustín Palma, José Manuel Riveros; Mateo Gómez y Tomás Baras. A ellos dirigió estos elogios el gobernador intendente Santiago Carrera el 26 de mayo de 1813, hallándose en esta ciudad:
Me ha sido de la mayor satisfacción el haber tratado, aunque de paso, con los habitantes de San Luis. Sus generosos y nobles sentimientos, su carácter virtuoso, su enérgico patriotismo explicado por el órgano de su Ayuntamiento como su inmediato representante, exigen de un corazón americano toda gratitud y aprecio. El mío, revestido a más con el carácter de jefe de esta Provincia que tanto me honra, quiere dar a usía y su representado este público testimonio, admitiendo su obsequio en nombre de la Patria. ..Viva usía cierto que en todo tiempo y circunstancia seré un pregonero de las virtudes de este pueblo, con el objeto de propender en lo sucesivo a sus adelantamientos y corresponder así a tan distinguido mérito contraído con la Nación."
A través de los tiempos, muchos fueron los funcionarios que prometieron empeñar sus esfuerzos para asegurar el bienestar del pueblo puntano. Pero, una y otra vez, los documentos prueban que fue más efectivo lo que San Luis dio con generosidad sin límites. Tras la promesa de Carrera, vino el pedido de una contribución de mil pesos en dinero. Y, de inmediato, el nuevo gobernador intendente exigió una relación de hombres solteros, así como recomendó formar y disciplinar cuerpos de milicias. La creación de la Intendencia de Cuyo, ordenada el 29 de noviembre de, 1813, no sólo ahondó el cauce de ese notable aporte patriótico, sino que lo tornó heroico hasta lo sublime y esto va dicho con acento de Historia.

Los representantes de San Luis Chiclana, Sarratea, Paso y el secretario Rivadavia suscribían el oficio siguiente, remitido al Cabildo de San Luis con fecha 18 de enero de 1812:
"Acercándose el tiempo en que, con arreglo al artículo 1º del Estatuto Provisional de 22 de noviembre del año próximo anterior, deba crearse la asamblea general que ha de ser compuesta en una gran parte por las representaciones que nombren los pueblos, previene a usía este Superior Gobierno proceda por sí y en unión con doce vecinos conocidamente patriotas que designará a este efecto, a hacer dicho nombramiento que deberá recaer en persona de patriotismo y adhesión notoria a la justa causa y residente en esta Capital, para evitar las demoras y los costos del viaje, en circunstancias que tanto importa la brevedad que a usía se recomienda en la elección del que tuviere a bien nombrar, dando inmediatamente el aviso correspondiente."
Un mes después, nada había resuelto el Cabildo puntano, a tal punto que con fecha 19 de febrero el Gobierno urgía la designación del diputado con estas palabras:
"y habiéndolo verificado el Cabildo de Mendoza, se ha extrañado mucho por este Superior Gobierno que usía se haya desentendido enteramente de su cumplimiento; y espera que para reparar un tan grave descuido, proceda usía con tal exigencia a hacer la elección de dicho representante, que llegue a manos de esta Superioridad a vuelta de correo su nombramiento."
El 25 de febrero se reunió el Cabildo y "después de un escrupuloso examen", procedió a nombrar los doce vecinos que determinaba la orden. Fueron ellos: el cura y vicario, licenciado José Justo de Albarracín; el padre prior del convento de Santo Domingo, fray Juan José Allende; el administrador de temporalidades, don Ramón Esteban Ramos; el capitán retirado don Tomás Baras; don Esteban Fernández, don Gerónimo de Quiroga, don Manuel Herrera,don Juan Palma, don Tomás Luis Osorio, el capitán José Romualdo Ortiz, don Mateo Gómez y don José de BIas y García, quienes fueron citados para el día siguiente. El 26 admitió el Cabildo la excusación hecha por el cura Albarracín y nombró en su reemplazo a don Lucas Fernández, procediéndose "en la misma hora" a la votación. El alcalde de primer voto y presidente del cuerpo, licenciado Santiago Funes dijo "que respecto a que el electo debe ser residente en la Capital, sufragaba su voto en el señor doctor don Antonio Sáenz, por considerarlo apto y suficiente para el indicado ministerio, e igualmente por tener auténticos informes del apoderado del pueblo don Ramón Esteban Ramos de que es un decidido patriota, adicto al actual gobierno y un activo protector de la causa común de esta provincia". Con este voto se conformaron los demás existentes, excepto don Tomás Baras, quién sufragó "en el ciudadano el Señor don Eugenio José Balbastro por su mérito y distinguido patriotismo y que al mismo tiempo ha favorecido la causa de este pueblo".
Con esa misma fecha -26 de febrero-- el Superior Gobierno remitió el Reglamento de la asamblea, el que había dictado "combinado en el modo posible la libertad del pueblo con el orden y el respeto a las leyes que tan altamente la recomiendan su propio interés y su felicidad".
Mas, después de disolver la asamblea el 6 de abril, volvió a oficiar al Cabildo Puntano el 1º de mayo para manifestarle que "la opinión universal de los buenos ciudadanos cuenta ya la disolución de la Asamblea entre los triunfos de la Patria, y a excepción de un pequeño número de facciosos, no hay hombre en esta Capital que no admire la energía con que el Gobierno evitó la ruina del Estado".
En este mismo oficio el Triunvirato -del que Rivadavia formaba parte desde el 25 de marzo- impartía nuevas instrucciones para la próxima asamblea, en la que los apoderados debían ser distintos de los que compusieron la anterior y sin otras facultades "que las expresadas en el estatuto de 23 de noviembre y reglamento de 19 de febrero último", para evitar en lo sucesivo "competencias y divisiones que pudieran sepultarlos en la mayor de todas las desgracias". Mediante otra circular de fecha 3 de junio de 1812, Pueyrredón y Rivadavia avisaban que "con el objeto de ormar para las representaciones en el Congreso General un plan de elección bajo los principios de una perfecta igualdad política, de fijar el tiempo y lugar de la reunión del Congreso y de concluir y sancionar los tratados de pacificación, amistad, comercio y alianza con los Estados independientes, ha determinado el Gobierno que se reúna en esta Capital, sin pérdida de instantes, la Asamblea extraordinaria anunciada en el manifiesto de 7 de abril de este año, y que al efecto nombre usía sus diputados, les extienda sus poderes y dé sus disposiciones para que a la mayor brevedad se presenten a desempeñar su comisión". En esta oportunidad se señalaba que el Cabildo procedería "con libre arbitrio para elegirlos de esa ciudad, de esta Capital o de cualesquiera de los pueblos de las Provincias libres, costeándolos de los fondos públicos con la mayor economía".
Reunido el Ayuntamiento el 30 de junio, "en asocio del señor teniente gobernador de esta ciudad de San Luis de Loyola y su jurisdicción", fueron nombrados los doce vecinos que intervendrían en la elección: fray Juan José Allende, don Ramón Esteban Ramos, don Tomás Baras, don Esteban Fernández, don Manuel Herrera, don Tomás Luis Osorio, don Lucas Fernández don Agustín Palma, don Juan Palma, don Mateo Gómez, don José González de Pena y don José de Blas y García, los que fueron citados "para mañana primero de julio a las ocho y media, al toque de campana, en cuya hora se procederá a la referida elección".
Correspondió al teniente gobernador Ortiz votar en primer término y lo hizo "en el ciudadano don Nicolás Rodríguez Peña, vecino de la capital de Buenos Aires, en virtud de los prácticos conocimientos que tiene de ser un decidido patriota y adicto a esta provincia y de los mismos que él tiene de ella". Todos se conformaron con este voto, aunque algunos, como el P. Allende, Baras y Agustín Palma, no dejaron de señalar los elevados méritos, el conocido patriotismo y la suficiencia del expresado don Nicolás. Seguidamente se extendió el poder, en la forma ordenada por el Superior Gobierno aunque haciendo constar que por ahora no quedaba revocado "el poder que en lo particular y general le tiene conferido este pueblo al señor doctor don Antonio Sáenz, a excepción del que se le dio para vocal de la presente Asamblea". En cambio, a Rodríguez Peña se le otorgaba "con facultad especial y general de sustituirlo por una sola vez, en caso de impedimento legal, en la persona que sea de su mejor confianza y satisfacción". Apoyándose en esta cláusula cuando Rodríguez Peña se incorporó al Triunvirato sustituyó su poder a don Juan Agustín Donado, quien se desempeñó hasta que los acontecimientos del 8 de octubre de 1812 removieron "los embarazos que han podido aletargar y obstruir hasta aquí el uso de la libre representación de los pueblos unidos, que en lo sucesivo deben explicarse ampliamente y sin limitación alguna".
El nuevo gobierno, con fecha 3 de noviembre, ordenó la elección del diputado que debía integrar la Asamblea General y recomendó al Cabildo que el nombrado se pusiese en camino con toda celeridad, "para que se consiga, como es tan urgente, que en todo el mes de enero entrante se apersonen en esta Capital y se verifique la apertura inmediatamente de la Asamblea General".
Para dar cumplimiento a esta orden, recibida por correo extraordinario el Cabildo y el teniente gobernador se reunieron el 16 de noviembre y acordaron se cite al pueblo, y vecindario de la campaña, a cuyo efecto líbrense las órdenes correspondientes, convidándoseles concurran para el día 26 del corriente, en cuyo día o el siguiente se practicará la elección de diputado mandada por la Superioridad".
El citado día 26 se procedió a designar los ocho alcaldes de cuartel que presidirían las elecciones de electores. El nombramiento de dichos alcaldes, según lo expresa el acta respectiva, "lo practicó el señor teniente gobernador por sí, con arreglo al artículo 29 del formulario que expidió el Excelentísimo Superior Gobierno con fecha 24 de octubre próximo pasado". Las personas designadas por Ortiz fueron Esteban Fernández, Gerónimo de Quiroga, Agustín Palma, Ramón Esteban Ramos, Francisco Vicente Lucero, Tomás Baras, Fernando Lucio Lucero y Manuel Herrera, "a quienes habiéndoseles mandado comparecer en esta sala capitular, se les recibió el juramento de estilo y entreg6 a cada uno la lista correspondiente de los ciudadanos que deben concurrir a sus respectivos cuarteles, cuya división se ha practicado con acuerdo del Ayuntamiento, como así está prevenido en el ya citado formulario".
"Sin intermisión de tiempo", los alcaldes procedieron a recibir los sufragios, labor que cumplieron en la mañana del 27 de noviembre. Es preciso señalar que los electores elegidos fueron los mismos alcaldes, salvo en el Cuartel 69 -encomendado a Tomás Baras- donde los votos favorecieron a Tomás Luis Osorio. Ese mismo día el Cabildo, con el teniente gobernador y los ocho ciudadanos electos por sus respectivos cuarteles, procedieron a la elección de representante. Ortiz, como presidente, fue el primero en votar y lo hizo por "el ciudadano don Agustín José Donado, vecino de la Capital de Buenos Aires, en virtud de concurrir en el dicho las circunstancias -prevenidas". La elección resultó canónica y el aeta se cerró con estas palabras:
En este estado,habiendose convocado nuevamente al pueblo a toque de campana, se le notició que electo representante en la proxima asmblea era el ciudadano don Agustin Jose Donado, hijo y vecino de la de Buenos Aires; y hallandose todos en general armoniosamente conformes con el referido representante, se cerró la presente elección y se suscribió por: los ocho electores y el magistrado, falta de escribano.
En esa jornada, sólo quedaba un. paso por cumplir: el otorgamiento del poder "amplio, con libre, franca y general administración cuanta por el derecho de gentes se requiere
También ese escollo fue salvado, para rematar en la instrucción al representante de esta provincia , que el cabildo redactó el 18 de enero de 1813. Tan interesante documento, que Hudson y sus repetidores Peña revela en forma notable el sentir de los capitulares puntanos, que comienzan diciendo: ...
"Este Ayuntamiento y su Provincia, en las circunstancias presentes no mira por ahora otro objeto que el que se asegure nuestra existencia 'o independencia civil; y por lo mismo prescinde de hacer a usted encargos particulares que pueden en todo tiempo, consolidado nuestro sistema, practicarse sobre el progreso y adelantamiento de este país. Sin la perfecta tranquilidad y verdadera reunión de ánimos en cada provincia es visto que nada se adelanta a favor de la causa, antes todo cede en perjuicio de ella." Mas, "para que esta provincia y sus magistrados se conserven en la invidiable sociedad que hoy disfrutan", el Cabildo señala a Donado algunos puntos cuya decisión favorable le pide trate y gestione esforzadamente en la Asamblea.
El primer punto es urticante y su redacción no debió agradar mucho al tan centralista don José Lucas Ortiz:
"Que por enfermedad grave, ausencia o muerte de este teniente gobernador pueda la Providencia, reunida en. Sus respectivos cuarteles, con la dignidad y decoro debido a un pueblo virtuoso y enérgico, como se ha demostrado, hacer nombramiento y elección en otro individuo de su plena confianza y satisfacción, y dar cuenta con la posible brevedad al excelentísimo Gobierno para su confirmación, en vista de la voluntad general de la Provincia". Esto quiere decir, sin necesidad de ahondar mucho, que San Luis no quena "premios" como el que, según Gez, le otorgaron al crearse el cargo de teniente gobernador.
Explican luego los capitulares que, desde hace poco tiempo, se ha suscitado competencia de jurisdicción entre los jueces ordinarios de la ciudad de San Luis y el intendente de Córdoba, "por tratar éste de arrastrar por vía de apelación a él, el conocimiento de algunos asuntos merecontenciosos y peculiares al privativo de estos juzgados" como esas apelaciones se llevaban antes a la Real Audiencia y últimamente se ha mandado dirigirlos a la Cámara creada al efecto, los cabildantes piden "se declare asertivamente hasta dónde se extiende la jurisdicción del referido intendente", que entienden debe limitarse a lo gubernativo.
Con vigorosas tintas -enturbiadas por resentimientos con el cura Albarracín- la "Instrucción" pinta los males causados por los descuidos de los párrocos y la carencia de una escuela de primeras letras, razones por las cuales hay en la jurisdicción innumerables familias pobres cargadas de hijos, "las más de ellas nobles y de buen nacimiento", que no saben rezar ni confesarse. Dicen los capitulares que desearían mantener un maestro capaz de instruir a los niños "no sólo en los puntos de religión, sino también en los derechos de cada uno y de la causa general que defendemos", pero que la falta de recursos "y las competencias que suscitan los párrocos" impiden poner remedio a -tan perniciosos males. y como quieren vivir en armonía, piden que se determine a quién corresponde terminar con ellos.
Agregan que, para plantear una escuela de primeras letras y principios de latinidad, debe quedar en la provincia el noveno y medio de los diezmos que desde hace tantos años se extrae para Mendoza, a favor de un hospital que en nada beneficia a los puntanos. Con esos fondos y los ciento cincuenta pesos que el visitador doctor Juan Justo Rodríguez asignó a la iglesia en 1810, afirmaban los capitulares que sería posible establecer esa escuela tan necesaria "para que el hombre conozca sus verdaderos y legítimos derechos". ..
El 24 de febrero de 1813 el Ayuntamiento redactó otra “Instrucción" para informar al representante "sobre los justos motivos que han impedido hasta hoy el establecimiento de la Junta de Concordia que previene el Estatuto de 23 de enero de 1812". Entre las principales dificultades, mencionaba el Cabildo las siguientes:
"Que extendiendo la vista por toda la Provincia, no se halla un individuo que pueda desempeñar el delicadísimo ministerio de Secretario, por falta de principios, práctica y suficiencia de que debe estar revestido para que se conserve inviolable la fe pública y demás confianzas que en él deben depositarse. Que siendo enteramente escaso el fondo público, no hay de dónde sufragarle la pensión que por su trabajo debe percibir."
Aunque el Cabildo consideraba que debía esperarse las resoluciones de la Asamblea Soberana, no dejaba de poner estos antecedentes en conocimiento de Donado porque "este Procurador de ciudad -don Tomás Baras- insta con tan imprudente razón, que más parece empeño particular que del bien común".
La Asamblea General fue jurada en San Luis el 12 de febrero de 1813. Ese día, según expresa el acta, "habiéndose primero convocado las corporaciones y el pueblo, se prestó en esta Sala consistorial el juramento prevenido y se hizo por todos el reconocimiento más plausible, con muy vivas demostraciones de júbilo y alegría".


AGUSTIN JORGE DONADO


Hijo de don Clemente Donado y de doña -Petrona Chaury, nació en la ciudad de Buenos Aires el 28 de agosto de 1767. En 1803 estaba empleado en la administración de las colonias guaraníes y a fines de 1809 se hizo cargo de la Imprenta de Niños Expósitos, desde donde secundaría infatigablemente la labor de los patriotas, entre los cuales figuró y actuó siempre en forma decidida. Camarada de Saavedra y de Belgrano, estuvo presente en el Cabildo del 22 de mayo de 1810. A fines de 1811, por sus manejos políticos, fue separado de la Imprenta y desterrado de Buenos Aires. En 1812 Rodríguez Peña sustituyó en él la representación de San Luis y en 1813 se incorporó como diputado por la jurisdicción puntana a la Asamblea General, de la cual fue vicepresidente. Su labor más interesante, en esta magna reunión, la desarrolló como encargado de confeccionar el sello para la Asamblea, origen del Escudo Nacional. Formó en las filas inquietas de la Sociedad Patriótica y de la Logia Lautaro, lo que le valió ser perseguido por alvearista. En abril de 1820 desempeñaba el puesto de inspector general del resguardo. Privado de dicho empleo por razones políticas, fue repuesto en 1827 y al dar la noticia decía la "Gaceta Mercantil" que Donado "es un conocido entre nosotros desde el 25 de mayo de 1810, que se manifestó como uno de los que principiaron el movimiento sagrado de nuestra regeneración política". En 1828 representó en la Cámara de Diputados a los partidos de Quilmes, Magdalena y Ensenada. Murió en Buenos Aires el 13 de diciembre de 1831.


Los granaderos puntanos
El gobernador intendente de Córdoba don Santiago Carrera escribía a Ortiz, el 16 de abril de 1812, lo siguiente:
"Con fecha 27 de marzo el Secretario del excelentísimo Superior Gobierno don Nicolás Herrera me participa que con la misma se ha expedido orden para que de esa ciudad se remitan a la Capital ciento hombres de regular estatura y de a caballo, encargándome concurra por mi parte a que, a la mayor brevedad, se cumpla la referida orden. A este fin me parece que no debo hacer otra cosa que recordar a ese pueblo los distinguidos beneficios que ha recibido de aqueja Capital en todas sus pretensiones y solicitudes. Este poderoso estímulo y el interés común de la Patria me hacen creer que esa ciudad prestará gustosa los cien hombres que le pide la Capital. En tiempo de la Excelentísima Junta Gubernativa me dijo el diputado de ese pueblo que su jurisdicción, sin mayor dificultad, podía facilitar seiscientos hombres aptos y proporcionados para el manejo de las armas. Agregando a todo esto la firme persuasión en que estoy de su celo y actividad, me prometo que a vuelta de correo tendré ya la plausible noticia de que los dichos cien hombres se hallan en marcha y muy prontos a verificarla, debiendo usted en caso preciso avisar a este gobierno las providencias o auxilios con que pueda concurrir al más exacto cumplimiento de la citada superior orden." Don José Lucas Ortiz, con fecha 24 de abril, se dirigió al Gobierno de Buenos Aires para acusar recibo del oficio "en que me dice ha resuelto la formación de un Escuadrón de Granaderos de a Caballo y que ha conferido sus primeros empleos a sujetos recientemente llegados de Europa". Explicaba el teniente gobernador que, para dar puntual desempeño a la orden de remitir cien reclutas, averiguó "como de primera necesidad", qué dinero existía en las Cajas Reales y en la de Temporalidades, resultando que "en la primera. ..sólo existen 22 pesos, y en la segunda no hay nada", razón por la cual oficiaría a los ministros de Mendoza solicitando dos mil pesos, "que aún son escasos para socorrerle a cada individuo con 14 pesos, que es lo que le han abonado en las anteriores marchas, y se agrega el flete y la mantención de carne".
El 13 de mayo, los ministros mendocinos manifestabana Ortiz que "aún mayor falta de numerario padece esta Caja, respecto a los fijos desembolsos que hace todos los meses y no podemos contar con existencia alguna".' Esta respuesta obligó al teniente gobernador a dirigir su. solicitud a Carrera y el 9 de junio pudo informar al Superior Gobierno:
"Ayer llegó de Córdoba el teniente de Voluntarios don José Leguizamo conduciendo mil pesos, único numerario que me ha remitido -el señor Gobernador Intendente, diciéndome no haber en aquella caja principal más dinero; y que les dé a cada soldado una sola paga a razón de ocho pesos, según el último reglamento de sueldos dispuesto por esa superioridad, lo que así verificaré, puntualizando su salida para ésta a la mayor' brevedad." Comunicaba también haber ajustado el flete para la conducción de cada individuo a razón de diez pesos dos reales con el alcalde de segundo voto don Dionisió Peñaloza, quién percibiría su haber en la Capital. El 23 de julio don Tomás Baras -suegro de Peñaloza- como capitán de Voluntarios retirado, se ofreció a conducir los cien granaderos "sin que se me asigne prest ninguno; y me conduciré hasta mi regreso a ésta, con caballos y peones a mi costa, a fin de ahorrarle al Estado siquiera este oficial subalterno Montados en mulas mansas, más resistentes a los rigores del invierno, partieron los reclutas puntanos el 21 de agosto, después de "siete días que han estado acuartelados mientras se reunían de las distancias que han bajado de esta jurisdicción". El contingente se presentó el 14 de septiembre en el cuartel del Retiro y fue recibido por el. teniente don Justo Bermúdez. Diez días después San Martín certificaba que el capitán don Tomás Baras ha entregado al Regimiento de Granaderos a mi cargo, ciento once reclutas pertenecientes a la Punta de San Luis".
Ello de noviembre el capitán don José Narciso Dominguez entregó otros noventa y tres voluntarios puntanos, alcanzando así la contribución de San Luis a doscientos cuatro hombres, sobre un total de cuatrocientos setenta y seis individuos que componían el pie de fuerza del Regimiento de Granaderos en diciembre de 1812.
En el combate de San Lorenzo, el tributo de sangre puntana también fue el mayor; de los catorce granaderos muertos en la mañana del 3 de febrero de 1813, tres eran de San Luis y se llamaban Januario Luna, Basilio Bustos y José Gregorio Franco. A estos nombres corresponde agregar el de Paulino Sosa, a quien debió amputársele el brazo izquierdo, y el de Juan Bautista Baigorria -simple soldado como Cabral, su camarada de gloria- que a punta de lanza y de coraje ayudó a salvar a San Martín. Todo es fácil explicarlo con palabras de don Víctor Saá:
"El medio telúrico había hecho del puntano un hombre de a caballo, pero serrano, un campeador de altura que dominaba en forma maestra su caballo de vaso duro -el amigo predilecto-- y dos instrumentos inseparables: el lazo y el cuchillo. En ese duro ambiente, conocía y ejecutaba a la perfección todas las faenas de la vida en la estancia; desde rastrear hasta trenzar, desde campear a rumbo hasta lonjear o carnear. En esa escuela, con una educación secular, acostumbrado a enfrentar los tigres, los indios y la soledad, y a resolver con sus




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